El presidente municipal de Juventino Rosas, Fidel Armando Ruiz Ramírez, quedó en el centro de la polémica luego de difundir un video en el que aparece interviniendo en un caso de presunto acoso verbal contra una mujer, en el que tres trabajadores de la construcción reciben golpes con una tabla como forma de escarmiento.
Tras las críticas que provocó la grabación en redes sociales, el alcalde realizó una transmisión en vivo para explicar su versión de los hechos. En ella, sostuvo que fueron los propios albañiles quienes propusieron recibir el castigo físico y grabar una disculpa, aunque reconoció que el procedimiento pudo no haber sido el adecuado.
"A lo mejor no fue el modo ni la manera", expresó el edil, quien también afirmó: "Tampoco digo que estuvo mal, les soy bien sincero", al defender la forma en que se atendió el señalamiento.
De acuerdo con la explicación de Ruiz Ramírez, el caso comenzó después de que una mujer denunciara en redes sociales que había sido objeto de una presunta conducta inapropiada por parte de trabajadores que realizaban labores de construcción en el municipio. La publicación lo etiquetó y, según mencionó, decidió investigar lo ocurrido.
El presidente municipal aseguró que habló con los involucrados y que, durante esa conversación, les planteó esperar a que la presunta afectada presentara una denuncia formal ante las autoridades.
Sin embargo, afirmó que los propios trabajadores le sugirieron realizar un video y recibir golpes con una tabla como una manera de disculparse por su comportamiento.
"Yo les dije, hay que esperar la demanda, si la señorita pone la denuncia al final del día", relató durante la transmisión.
Posteriormente, explicó: "Ellos, no es que yo haya querido, ellos propusieron eso como tal, ofrecieron una disculpa".
En el material difundido originalmente en Facebook, se observa al alcalde acudir al lugar donde trabajaban los hombres, preguntarles sus nombres y participar en la dinámica en la que los tres fueron obligados a golpearse entre sí con una tabla. Según la información que acompañó la publicación, cada uno recibió tres tablazos.
No obstante, la publicación dejó de estar disponible en la cuenta del presidente municipal poco tiempo después de su difusión.
Durante su transmisión en vivo, Ruiz Ramírez detalló que los trabajadores se encontraban descansando cuando pasó la mujer que posteriormente denunció lo sucedido.
"Entonces pasa la señora o señorita, no sé qué sea, y uno le manda un beso y el otro le dice adiós", aseveró el alcalde.
El edil agregó que la mujer les reclamó y manifestó sentirse vulnerada, mientras que los trabajadores, según su versión, reaccionaron con burlas. Ruiz Ramírez reconoció que la inconformidad de la mujer estaba justificada.
"Tenía razón y con justa razón se sintió vulnerada, se sintió acosada y ellos se burlan", señaló.
Aunque el alcalde defendió la decisión de realizar el video, también indicó que evitó publicar imágenes de la presunta afectada para no exponer su identidad ni sus datos personales.
Asimismo, aseguró que cuenta con grabaciones relacionadas con el incidente, las cuales podrían utilizarse en caso de que la mujer decidiera presentar una denuncia.
Usuarios cuestionaron que se recurriera a la violencia física para responder a una presunta conducta de acoso y señalaron la importancia de acudir a las instancias correspondientes.
La controversia se centra no solo en el comportamiento atribuido a los trabajadores, sino también en la participación de una autoridad municipal en un castigo físico al margen de un procedimiento institucional.
Ruiz Ramírez insistió en que los albañiles no eran empleados del Ayuntamiento, como se había señalado en algunas publicaciones.
“No son empleados municipales, quiero aclararlo porque a veces se los van a malinterpretar el asunto”, puntualizó.
Hasta el momento, no se ha precisado si la mujer presentó una denuncia formal. También se reportó que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato investigaba el caso, aunque no se habían confirmado públicamente detalles sobre el alcance de las diligencias.
El episodio abrió el debate sobre los límites de la intervención de los servidores públicos ante denuncias ciudadanas y la necesidad de que las conductas que pudieran constituir una falta o un delito sean atendidas por las autoridades competentes, sin recurrir a castigos físicos por cuenta propia.