Palomean desaparición de poderes en Juchitán

En una sesión extraordinaria de no más de 20 minutos, el Congreso de Oaxaca aprobó con 35 votos a favor y cero en contra la desaparición de poderes del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, tras la detención de su alcalde, Miguel Ángel Altamirano, a quien un juez dictó ayer prisión preventiva por extorsión y nexos con el crimen organizado. 

Los diputados locales fueron convocados de última hora después de que el gobernador Salomón Jara solicitara al Legislativo estatal “declarar formalmente la desaparición del ayuntamiento” para nombrar a un encargado provisional, como establece la ley.

En un video publicado en sus redes sociales, Jara expresó su confianza en que el Congreso local procesaría dicha solicitud “a la brevedad posible” y garantizó que la transición ocurrirá de forma “ordenada” para que Juchitán “siga funcionando”. 

Argumentó que la situación “difícil” que atraviesa el municipio requiere de “decisiones firmes y claridad” en la conducción de su gobierno y obliga a “dar un paso más” para garantizar la conducción institucional del municipio ante el vacío de poder. 

La petición del mandatario tuvo respuesta inmediata en el Congreso oaxaqueño, donde los legisladores apoyaron por unanimidad la desaparición de ese ayuntamiento, arguyendo que en el artículo 58 de la Ley Orgánica Municipal se establece como causal “el abandono del ejercicio de sus funciones”, decisión que Jara agradeció.

En la tensa sesión, el legislador local Dante Montaño Montero, del PT, cuestionó la tardía actuación de las autoridades estatales frente a la violencia: “en Juchitán no se vive, se sobrevive”.

Horas después de la votación en el Congreso, el gobernador designó al periodista Francisco Vásquez Jiménez como “administrador” de ese municipio.

Vásquez Jiménez, quien se ha desempeñado como titular del noticiero más longevo de Oaxaca en la cadena estatal Encuentro y como director del Cuerpo de Bomberos Voluntarios local, arribó cerca de las 11 de la noche a las instalaciones del Palacio de Gobierno, en la ciudad de Oaxaca, y será el encargado de convocar a nuevas elecciones.

Como parte de las “decisiones firmes”, el Ejecutivo estatal también ordenó el desarme de la policía municipal para “garantizar el orden y el resguardo del equipo ante la falta de garantías jurídicas y administrativas”.

En consecuencia, fuerzas federales a bordo de más de 30 patrullas de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Ejército tomaron el control de la Comandancia municipal para hacerse cargo de la seguridad del ayuntamiento. 

Los agentes, con apoyo de sus pares estatales, desplegaron un “operativo táctico” para desarmar a los policías municipales y resguardar 28 armas largas y 27 cortas, así como 2 mil 29 cartuchos útiles de diferentes calibres.

“Esta medida de carácter preventivo se implementa ante la ausencia de la figura del presidente municipal y al no existir en este momento las condiciones jurídicas necesarias al interior del ayuntamiento para mantener la gestión y resguardo local de este equipo táctico”, señaló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca. 

A la par, se intensificaron las labores de vigilancia, disuasión y prevención del delito a través de un despliegue operativo permanente encabezado por las Fuerzas Especiales Binnizá y la Policía Estatal.

En entrevista con MILENIO Televisión, el secretario de Gobierno estatal, Jesús Romero López, detalló que elementos estatales ingresaron al cuartel de la policía municipal para verificar la licencia oficial colectiva de portación de armas y realizar la certificación de cada una.

El funcionario indicó que, actualmente, cerca de 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública realizan labores de vigilancia en Juchitán, mientras un grupo de 50 integrantes de fuerzas especiales lleva a cabo cateos, seguimiento de objetivos prioritarios y recorridos en zonas de alta incidencia delictiva.

Advirtió que los operativos continuarán en Oaxaca y que cualquier servidor público que incurra en conductas ilícitas deberá responder ante la ley, independientemente de su cargo o filiación política. 

Respecto al futuro de la corporación municipal, adelantó que será necesaria una depuración profunda para reconstruir un cuerpo de seguridad desligado de nexos con el crimen.

“Tenemos que generar una nueva seguridad pública municipal que no tenga ningún vínculo con ningún grupo delictivo”, reconoció Romero López. 

La decisión del Legislativo y el golpe de timón en la seguridad municipal se enmarca en el contexto de la detención del alcalde morenista y de un hombre identificado como Carlos Alberto 'N', La Parca, ambos con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado, y ligados a la banda criminal Los Cromos, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al cobro de piso, secuestro y homicidio. 

A la detención de Altamirano, El Quetu, se sumó la de su exjefe de la policía, John Keny Moreno, quien presuntamente brindó protección a dicha estructura criminal; además de que el suplente del alcalde, Mariano Rosado López, está prófugo. 

Amplían plazo

Un juez decretó prisión preventiva oficiosa al alcalde de Juchitán y citó a las 11 horas del próximo 29 de septiembre para el desarrollo de la audiencia de término constitucional en la que se definirá si Sánchez Altamirano es vinculado a proceso. La misma medida se dictó a La Parka.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención del alcalde oaxaqueño y posteriormente la fiscalía estatal pidió que se le procesara por los delitos antes referidos. Sin embargo, el juzgador fijó como fecha el próximo 29 de septiembre para que la defensa de los imputados presente pruebas.

HCM