La organización International Crisis Group (ICG), encargada de prevenir y solucionar conflictos armados, hizo un llamado a diferentes gobiernos del mundo, especialmente al de Estados Unidos, para aumentar la presión sobre las administraciones federal y estatales de México para que se respeten los derechos humanos, se comprometan con el estado de derecho y eviten la obstrucción de la justicia en Veracruz, al que consideró una entidad amenazada por el terror y la impunidad, y la ubica en el radar universal.
En su informe “Veracruz: reformar el estado de terror mexicano”, ICG urgió, como parte de sus recomendaciones, al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a apoyar la búsqueda e identificación de los desaparecidos en el estado con personal capacitado, y ofrecerles apoyo institucional y recursos financieros de inmediato.
También le encargó esforzarse para evitar que Veracruz caiga en bancarrota para no agravar conflictos locales a corto plazo y colaborar con la Comisión de la Verdad del estado, creada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, y obligar a comandantes y personal de las Fuerzas Armadas a aclarar la participación del Ejército y la Marina en desapariciones y otros delitos graves.
En el informe sobre América Latina número 61 y que se realizó de octubre a diciembre de 2016 en la entidad, Crisis Group hizo 16 recomendaciones: cinco a la administración de Peña Nieto, ocho a Veracruz, una a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de Naciones Unidas y dos a gobiernos internacionales, en particular a Estados Unidos, al que le pide “alejar los recursos” de la Iniciativa Mérida de la militarización y dirigirlos al fortalecimiento de las fuerzas policiales estatales y municipales.
La organización, con sede en Bruselas, Bélgica, y representación en 26 ciudades de los cinco continentes, entre ellas Guatemala, Nueva Delhi, Dubái, Gaza, Jerusalén, Johannesburgo, Kabul y Pekín, enfatizó que en Veracruz las prácticas de poder corruptas y autoritarias se transformaron en iniciativas oportunistas con ánimo de lucro, y a las que calificó de “virreinatos”, las cuales representan uno de los desafíos más urgentes en la lucha de la corrupción en el país.
En las conclusiones, la organización financiada por agencias de gobierno de 15 países del mundo, aseguró que la historia reciente del estado subraya la crisis del sistema político mexicano en su conjunto, “donde una transición democrática bienintencionada no ha cumplido las expectativas, y ha sido corrompida por el crimen organizado”.
Indicó que el desorden empieza desde el gobierno federal que solo reconoce 68 desapariciones no resueltas, mientras que 2 mil 750 casos han sido denunciados ante la fiscalía del estado y las organizaciones sociales estiman en 20 mil, de los cuales ninguno ha sido aclarado. De hecho, insistió en que el Inegi estima que la tasa de impunidad del estado supera el promedio nacional de 97.1 por ciento.
En sus recomendaciones al gobierno veracruzano, se establece que debe iniciar de forma justa y transparente la remoción de funcionarios corruptos y cómplices del crimen de las instituciones estatales, en particular la policía estatal y la Fiscalía General, así como el enjuiciamiento de los burócratas de alto nivel acusados de vínculos con el crimen organizado y de participar en delitos graves.
También pide instalar dispositivos de seguimiento GPS en las patrullas y cámaras en las comisarías, y mantener registros constantes de los movimientos de los agentes policiales y personal en servicio.
Sobre la administración del panista Yunes Linares, ICG asegura que la creación de la Comisión de la Verdad marca un importante primer paso para abordar la participación del estado en crímenes de lesa humanidad, en desapariciones forzadas, y para comenzar a reconstruir la confianza de los ciudadanos en las autoridades públicas.
Uno de los retos para el gobierno veracruzano, de acuerdo con ICG, será involucrar a las organizaciones que buscan a sus desaparecidos como socios igualitarios e incluso convertirlos en un contrapeso frente al poder político.
Entre las conclusiones, indicó que la comunidad internacional debe ejercer presión sobre los líderes políticos mexicanos para que aborden los déficits democráticos y judiciales, y que colaboren con la sociedad civil. Ofrecer un nuevo enfoque para hacerle frente a la administración estadunidense del “América Primero” y la intimidante presencia de grupos delictivos en su territorio.