El presidente brasileño, Michel Temer, afirmó ser víctima de una conspiración para destituirlo urdida por el ex procurador de la República junto a los dueños del frigorífco JBS, abogados, fiscales y un intermediario que articulaba negocios sucios entre políticos y empresarios.
El mandatario escribió una carta a los legisladores en la antesala de que la Cámara baja vote si la acusación que le hizo la Fiscalía General a Temer de liderar una asociación ilícita que cometió "una miríada de delitos" contra el Estado avanza hacia la corte suprema o es bloqueada hasta que termine su gestión.
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"Jamás hubiera podido creer la existencia de una conspiración para derrumbarme de la Presidencia de la República. Pero las evidencias me convencieron. Y son incontestables", dijo Temer según el texto.
Temer también fue denunciado por intentar obstruir la justicia, una causa fundamentada en las delaciones premiadas de los hermanos Wesley y Joesley Batista, los magnates de JBS, y el intermediario Lucio Funaro, que aparece 274 veces en la acusación como un articulador de acuerdos ilegales para el partido del presidente, el PMDB.
Los tres están presos.
"Afirmaciones falsas, denuncias ineptas basadas en hechos construidos artificialmente y, por lo tanto, no verdaderos, sustentaron las mentiras y falsedades que fueron divulgadas. Las maquinaciones conspirativas están siendo expuestas. El montaje está siendo desarmado", describió Temer en su carta a la que llamó "un desahogo".
Temer, de 77 años, quedó bajo fuego en junio, cuando el exfiscal general Rodrigo Janot lo acusó del delito de corrupción pasiva y lo convirtió en el primer presidente brasileño de la historia en ser acusado de un crimen común.
La Cámara, donde el oficialismo tiene amplia mayoría, bloqueó ese proceso en agosto.
Pero antes de terminar su mandato en septiembre, Janot volvió a denunciarlo por supuestamente liderar una asociación ilícita junto a jerarcas de su partido para expoliar al Estado y recibir 587 millones de reales en sobornos (186 millones de dólares).
Esa causa será votada esta semana en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de diputados y probablemente la próxima semana en el plenario. Si dos tercios de los 513 diputados (342) apoyan su continuidad, la corte suprema podrá evaluarlo y decidir si lo archiva o lo eleva a juicio, lo que apartaría a Temer de la presidencia por hasta seis meses.
Pero con la proximidad de las elecciones generales de octubre de 2018, hasta la oposición duda en conseguir anotar una victoria que ponga a Temer al borde del abismo.
jamj