El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Rigoberto Paredes Villagómez, señaló que ellos han presentado una iniciativa ante el Congreso para que a los propios jueces y magistrados, se les apliquen medidas cautelares, al ser sujetos de evaluación, empezando con Pruebas de Control de Confianza.
Sobre todo porque han estado permitiendo que los detenidos con armas de grueso calibre, pagando una pequeña fianza y acudiendo a firmar dos veces al mes, sigan sus procesos en libertad, porque no sería extraño que los involucrados, siguieran reincidiendo en su actividad.
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De hecho señaló, que a lo mejor hay más de los mil 100 casos en los que se mencionan detenciones, por portación de estas armas, por lo que ellos presentaron una iniciativa que quieren que salga consensuada “en la que todos participemos; en donde imperen las pruebas de Control de Confianza, para los jueces y para los magistrados”
“No pueden seguir dando esas libertades y que enfrenten a la justicia desde su casa, que es lo que está pasando. Nosotros queremos medidas precautorias para los propios jueces y para los propios magistrados”.
Consideró que si los presuntos involucrados en la portación o traslado de armas de fuego siguen sus procesos libres pueden darse a la fuga “y pueden seguir con sus mañas, con lo que evaden y se burlan de la justicia y siguen reincidiendo en ese tipo de delitos”, aseveró.
Consideró que es igual de riesgoso “portar armas de grueso calibre que de calibre mediano porque el impacto de todas maneras mata”.
En entrevista por separado la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso estatal, Arcelia González reiteró que en la Cámara Federal, ya hay una iniciativa que llevaron los legisladores de Guanajuato, “en donde se está tratando el tema de la portación de armas”.
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La diputada insistió en que todo lo que tiene que ver con la portación de armas está previsto en la Constitución que es un tema federal.
En contraparte dijo que en Guanajuato podrían combatirse los asuntos que tienen que ver con la violencia, los homicidios dolosos y los robos a casa habitación y los delitos comunes en los que tiene correspondencia el estado, en cuanto a su prevención y contención.