A la familia de Luis Fernando Ortiz le tomó siete intentos cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en su búsqueda por una “mejor educación, un mejor trabajo, un mejor todo”. Recuerda que su cumpleaños número 10 lo pasó en la peligrosa frontera antes de su último y exitoso intento por pasar.
Una docena de años después, un solo encuentro con los oficiales de la policía de Kentucky deshizo la vida estadunidense que Ortiz construyó, una esposa, tres hijastros, un empleo en el Derby de Kentucky y una carrera trunca en administración de empresas.
Ortiz estaba a punto de unirse a los 800 mil llamados dreamers, los hijos que sus padres llevaron a Estados Unidos sin documentos y cuentan con una protección contra la deportación bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés). “Lo único que estaba esperando era que llegara el permiso de DACA por correo”, dice Ortiz, arrastrando las palabras al estilo sureño. Entonces, la policía llegó a su casa.
Los vecinos los llamaron después de escuchar una discusión entre él y su esposa. Casi sin pensarlo, los policías le pidieron a Ortiz el número de seguridad social y la identificación; como no pudo entregarlos, lo arrestaron.
Su esposa no presentó cargos, pero el estado sí lo hizo. Por consejo de un defensor de oficio, Ortiz se declaró culpable, pensando que saldría libre. En vez de eso, lo entregaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE, por sus siglas en inglés). Una semana después de que Donald Trump asumió el cargo como presidente de EU, deportaron a Ortiz a México.
Ahora, después de derogar el DACA este mes y pedirle al Congreso que legisle sobre ese tema, parece que el presidente se prepara para llegar a un acuerdo con los demócratas de mayor nivel y permitir que los dreamers —en su mayoría mexicanos— se queden.
Es una marcha atrás que enfureció a los seguidores de línea dura de Trump. Pero para Ortiz, de 23 años, es demasiado tarde, incluso si se salva el DACA.
De regreso en el país de su nacimiento, del cual escuchó “muchas cosas locas” relacionadas con el crimen y la violencia, estaba abatido. “En el vuelo en el que me deportaron, pensé, tan pronto como aterrice, voy a saltar de nuevo, tengo que regresar. ¿Qué voy a hacer en México?” De ganar 2 mil dólares en el Derby de Kentucky y mil 500 dólares a la semana con trabajos de construcción y remodelación de casas —“llevaba una buena vida, no me preocupaba de nada”—, Ortiz pasó a un trabajo en un call center con un sueldo de 400 dólares al mes en un rincón de la Ciudad de México conocido como Little LA (Pequeño LA) porque se habla inglés de forma generalizada debido a la cantidad de deportados que hay allí. A esto le siguieron ataques de ansiedad y depresión.
Con DACA o sin DACA, muchos mexicanos indocumentados viven con temor en Estados Unidos. Un informe del Pew Research Center de esta semana encontró que solamente 13 por ciento de los mexicanos viviría en EU sin documentos, en comparación con 20 por ciento en 2015.
El regreso de Ortiz a México ha sido tan difícil como su asimilación a Estados Unidos. En 2004, cuando su madre, padrastro y hermano pequeño cruzaron a Arizona, fueron secuestrados por coyotes, los acompañantes de los migrantes que transportan personas a lo largo de la frontera de 3 mil 200 kilómetros. Tuvieron la suerte de escapar, solo para que los agentes de ICE los detuvieran, pero les permitieron quedarse a cambio de una promesa para testificar en contra de los secuestradores. Y así comenzó la nueva vida de Ortiz. Su familia se mudó a Kentucky. Comenzó el quinto año en un país donde “todo se veía diferente”, y sus compañeros de clase se burlaban por su forma de hablar. Pero poco a poco “me adapté. Me acostumbré, empecé a hablar más inglés que español... comencé a creer que en realidad pertenecía allí”, dijo.
En la actualidad vive en Iztapalapa, una zona de la Ciudad de México de clase trabajadora. Ortiz dice que siente que “le patearon el trasero” para enviarlo lejos después de contribuir a la economía estadunidense y cosechar pocos de los beneficios que pagaron sus impuestos.
Trata de volver a ponerse de pie con su vida y espera abrir una peluquería. Pero extraña a la familia y se aferra a la esperanza volver a verla, incluso si pasan años. Para ayudar a otros a recuperarse, es voluntario con Nuevos Comienzos, una red que ayuda a los deportados a que les vaya bien en México después de que los separan de sus familias en Estados Unidos.
“Trabajé muy duro”, solloza Manuel Hernández, de 34 años, en la sede de Nuevos Comienzos en un edificio en el centro de la Ciudad de México. Era propietario de una pizzería que tenía ventas de 10 mil dólares a la semana y aplicó para el programa DACA, pero lo deportaron en abril. “Ahora estoy estancado”.
Batalló para encontrar trabajo y estaba desanimado. “Extraño mi coche. Estoy muy cansado de caminar a todos lados en esta gran ciudad”, dice. “Estados Unidos te da cosas, pero también te las quita”.