Columna de Alexandra Haas Paciuc

Inclusión laboral con igualdad

Alexandra Haas Paciuc

Desde hace más de cien años, México conmemora el Día Internacional del Trabajo. El 1 de mayo nos remite inmediatamente a la reivindicación de las condiciones necesarias para un trabajo digno: salarios más altos, jornada laboral de ocho horas, prestaciones y derecho de huelga, entre otras.

Todavía en 2016, sin embargo, solo unos cuantos ejercen esos derechos. Millones de personas —mujeres, indígenas, jóvenes, personas adultas mayores y con discapacidad, entre otras— están excluidas del mercado laboral formal y, con ello, de las conquistas sociales que en su momento hicieron de México una nación pionera entre las demás.

En el México de hoy, seis de cada 10 empleos son informales. A escala nacional, la informalidad afecta a las mujeres más que a los hombres y casi la totalidad del trabajo doméstico remunerado —ejercido mayoritariamente por mujeres— se lleva a cabo en condiciones de suma precariedad.

Otro caso especialmente grave es el de las personas indígenas, donde solo dos de cada 10 tienen acceso a los servicios del IMSS o el Issste como prestación de un empleo formal. En suma, la informalidad casi siempre significa que la jornada laboral, el salario justo y la seguridad social no son derechos ejercidos.

Los cambios en la composición de la fuerza laboral nos colocan ante un nuevo paradigma: la participación de las mujeres ha crecido sustancialmente y lo seguirá haciendo; la población está envejeciendo y el número de adultos mayores y de personas con discapacidad es y será cada vez mayor.

Al centro de esta temática está la discriminación, aquella que nos condena a limitar nuestra fuerza de trabajo por los prejuicios ajenos a las verdaderas capacidades de las personas; aquella que justifica, en la práctica, la condena de millones de personas a vivir en pobreza y exclusión.

La discriminación en el trabajo es la causa de queja más frecuente que ha recibido el Conapred desde 2011. Los casos se relacionan con despidos y no contratación por embarazo, condición de salud, género, apariencia física y discapacidad. No se trata de los casos aislados de unas cuantas personas: los actos de discriminación son cotidianos, generalizados y masivos.

Esta discriminación en el mundo laboral crea costos para los agentes económicos y afecta los niveles de crecimiento. La exclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, por ejemplo, aumenta el gasto del Estado: al no tener ingresos propios ni seguridad social, estas personas dependen de los bienes y servicios públicos.

De igual forma, la discriminación hacia las mujeres reduce significativamente la producción per cápita. Se calcula que en México un incremento de la fuerza laboral femenina de 10 por ciento aumentaría en 8 por ciento dicha producción.

La Secretaría de Trabajo, el Inmujeres y el Conapred han lanzado la llamada Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, una poderosa herramienta que tiene por objeto reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas de igualdad laboral y no discriminación.

En virtud de esta norma, se incentiva a los centros de trabajo a emprender una serie de tareas a favor de la inclusión. Espero que esta herramienta sea útil en sí misma y como llave de ingreso a una nueva conversación sobre la manera en la que los mexicanos organizamos nuestra vida.

Éste es solo un pequeño paso. El mismo espíritu transformador que hace cien años animó a México a ser vanguardia internacional en el reconocimiento de derechos laborales debe motivarnos hoy a repensar el mundo laboral en toda su complejidad y darle un carácter auténticamente inclusivo.

*Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

OPINIONES MÁS VISTAS