Voz Ciudadana

Después de las elecciones qué sigue: ¿Una nueva Reforma Electoral?

Alfredo Alcalá Montaño

Si bien ya concluyó formalmente el proceso electoral, aún quedan retos importantes, en favor de la consolidación de la democracia.

Por ello considero, que uno de los temas fundamentales es lo relacionado al fortalecimiento de la participación ciudadana, tarea que implica la colaboración de los diferentes organismos electorales, así como de los tres niveles de gobierno.

Ciertamente, México se mantiene en la ruta democrática, sin embargo, aún se necesita fortalecer a las instituciones, sobre todo en relación a la cultura política.

Pero sin duda alguna, en los poderes legislativo federal y estatal, se deberá tocar, lo relativo a la reforma electoral, la cual, invariablemente debe apuntar hacia su modernización, México y su sistema electoral, no puede postergar más, el uso de la urna electrónica, la cual dará mayor certidumbre al proceso electoral, con resultados confiables, y eficaces.

Por otro lado, debo insistir en la urgente necesidad de favorecer la participación de la sociedad en los procesos de toma de decisión, los cuales en este momento son limitados, o prácticamente fuera del alcance de la sociedad civil.

Y me refiero en específico a algunas figuras de la democracia directa como la iniciativa popular, que de acuerdo a la ley, se requiere de al menos el 0.13% del listado nominal, la mitad de firmas, que se piden para formar partido político (que es del 0.26%).

Considerando, que además son esfuerzos ciudadanos, en los cuales, no se recibe ningún recurso público, para impulsarlas.

La iniciativa popular o iniciativa ciudadana, es un “proyecto de ley o decreto presentado por el equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores para crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones constitucionales o legales. También es conocida como Iniciativa Popular y se le considera como un mecanismo de la democracia directa, a través del cual se confiere a los ciudadanos el derecho de hacer propuestas de ley al Poder Legislativo” (Art. 71, apartado IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Ni que decir, de impulsar una consulta popular, que pide el 2% de firmas, el doble de lo que la ley pide para ser candidato independiente a la Presidencia de la República.

Lo que prácticamente lo hace inaccesible para la ciudadanía, ya que impulsar, tanto una iniciativa popular, o una consulta, implicaría una gran capacidad de movilización, además de múltiples recursos económicos y humanos.

A nivel local se debe revisar las “sobre-representaciones” en los cabildos, que ya están fuera de la ruta democrática.

Es decir, de acuerdo a nuestro modelo electoral subnacional (municipal), la elección de los Ayuntamientos es por planilla, lo que significa, que el partido que gana, obtiene la presidencia y la mayoría absoluta en el cabildo, al ser elecciones realizadas por planilla.

Lo cierto es, que un partido puede ganar con el 30% o 35% (por citar un ejemplo), y al ganar su planilla, podría tener más del 50% del cabildo.

Lo que evita la presencia de pesos y contrapesos a nivel municipal, lo que significa que generalmente, a pesar de no ganar una elección con más del 50% de la votación, tienen la planilla ganadora, asegurada la mayoría absoluta, lo que también se conoce como cláusula de gobernabilidad.

Sin embargo, para un manejo eficiente y responsable de los recursos públicos, los contrapesos son sanos y necesarios en una democracia.

Una alternativa, será la conformación del cabildo, a través de un modelo electora mixto, que incluya (como sucede en el poder legislativo local y federal), la figura de la mayoría relativa y la representación proporcional, así como la elección de las y los regidores, a través de secciones electorales municipales, para que se tenga una real representación de las comunidades, colonias, fraccionamientos, barrios, etc.

Esta propuesta es necesaria, si consideramos que en los últimos 10 años, la deuda pública de los municipios se ha incrementado en un 93.6% de acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

Actualmente la deuda es de 51 mil 111.5 millones de pesos al primer trimestre de 2018, lo que se traduce en una tasa de crecimiento media anual de 6.8%. Cabe mencionar que en el 2008 la deuda era de 17 mil 265.6 millones de pesos en el primer trimestre de 2008.

Si bien el nivel de endeudamiento de cada municipio debe ser contrastado con su capacidad de pago, ello no significa que las deudas adquiridas realmente sean ejercidas de manera eficiente, para resolver problemas públicos.

Ya que va de la mano con un tema de transparencia y rendición de cuentas, que no puede darse de la mejor manera, si no se presentan contrapesos municipales.

Misma reforma que deberá tocar lo concerniente a la implementación y normalización de las elecciones primarias para que los pilares de la democracia representativa realicen procesos abiertos y democráticos al interior de sus institutos políticos.

Es el momento adecuado para avanzar de una democracia representativa o meramente electoral, hacía una democracia participativa.

Los pendientes de los organismos electorales

Claramente se debe fortalecer el trabajo con la sociedad civil, lo que implicará que se pueda mejorar y ampliar no solo el fondo de observación electoral, sino que las actividades en materia de participación ciudadana sea permanente.

Y bien se podría implementar una figura de coinversión social con las organizaciones civiles para contribuir en la construcción de ciudadanía y elevar la cultura política.

Twitter: @alfreduam •  alfreduam@yahoo.com.mx • FB: Alfredo Alcala Montaño • www.alfredoalcala.mex.tl

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