Columna de Antonio Alvarado Guerrero

Obligaciones y responsabilidades después de los sismos

Antonio Alvarado Guerrero

Los fenómenos naturales constantemente cobran vidas y causan daños materiales en todo el planeta, tal y como sucedió en los pasados 7 y 19 de septiembre con los temblores ocurridos en México. Las poblaciones que los sufren, en mayor o menor medida, se preparan día con día para prevenir las pérdidas de vidas y materiales. En el caso de Ciudad de México, las autoridades y la población han generado esfuerzos de prevención en caso de sismo, que todavía pueden reforzarse para estar mejor preparados ante estos eventos.

A casi un mes del 19-S, las autoridades han implementado esfuerzos para la reconstrucción de las zonas afectadas: el otorgamiento de apoyos para renta o reparaciones y de créditos blandos. También la sociedad capitalina se ha organizado en diversas asociaciones con fines de acopio y ayuda en especie. La comunidad internacional, por su parte, está ávida de continuar con los donativos.

La reconstrucción comienza con la elaboración de dictámenes estructurales practicados por peritos especializados que determinan la viabilidad de las construcciones y el estado de sus estructuras. Sin embargo, no se ha hecho pública cuál es la ruta crítica que debemos seguir (personas y autoridades) para tomar buenas decisiones. Se ha dado a conocer información sobre las características del suelo que tiene Ciudad de México, sin embargo esta información no se incluye en los dictámenes de las autoridades. Tampoco se ha publicado algún estudio pormenorizado que analice las condiciones actuales del suelo que alberga la cimentación de los edificios dañados. Del mismo modo, falta realizar estudios de viabilidad de reconstrucción o demolición mediante la aplicación de las múltiples disciplinas que convergen en materia de construcción, como estudios de mecánica de suelos, de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias o incluso estudios de mercado o inmobiliarios.

Las autoridades deben sí, apoyar a la población afectada con recursos económicos, pero también invertir en investigación a profundidad sobre las condiciones de los inmuebles dañados, con el fin de prever futuras contingencias y daños ocasionados por sismos. Debemos estar conscientes de las responsabilidades que nuestra propia participación nos demanda, sea por mandato de una ley, solidaridad o sentido común.

Los capitalinos tenemos la obligación por ley, de contratar en cada condominio una póliza de seguro que ampare los daños por terremotos; sin embargo, no todos los condominios dañados cuentan con una y ello complica la reconstrucción. Las autoridades rectoras y responsables de nuestra seguridad tienen la obligación de hacer cumplir las disposiciones en materia de construcción y fincar responsabilidades a quienes las ignoran pero, como ha sido evidente en los últimos días, el incumplimiento a la normatividad es una práctica común. En el terremoto del pasado 19 de septiembre se desplomaron edificios que aún tenían garantía sobre vicios en la construcción debido a defectos en materiales o sistemas constructivos, los cuales forzosamente debieron ser revisados o supervisados por las autoridades en turno y por conducto de un Director Responsable de Obra.

Las responsabilidades condominales se establecen en el artículo 9 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, el cual, entre otras cosas, obliga a los condóminos a prevenir la reparación de daños por terremoto mediante la contratación de una póliza de seguro. De no contar con una póliza vigente, los daños condominales sufridos por temblores y que no sean producto de un acto negligente de parte del constructor, deben ser asumidos por los propios condóminos, pues en términos del artículo 2111 del Código Civil para el Distrito Federal, no es posible fincar responsabilidad por caso fortuito, como lo es un terremoto.

Las responsabilidades de los constructores de vivienda en Ciudad de México, se aprecian en los enunciados de los artículos 9 fracción I Bis inciso f) y 26 fracción III Bis de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, los cuales obligan a los constructores a garantizar mediante fianza, la congruencia de las obras con la licencia autorizada, así como los vicios ocultos en las mismas. Por su parte, el Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo 231 fracción V establece la responsabilidad penal del constructor por emplear materiales defectuosos o inadecuados en los términos de las normas de construcción. El artículo 73 quárter de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece la obligación del constructor a garantizar por cinco años las cuestiones estructurales y tres años para impermeabilización; para los demás elementos la garantía mínima será de un año.

Por último, el artículo 329 BIS del Código Penal establece que: Al Director Responsable de Obra o Corresponsable de Obra que autorice o permita el desarrollo de una construcción, de la que otorgó su responsiva, sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y ordenamiento territorial para el Distrito Federal, se le impondrá de cuatro a seis años seis meses de prisión y de mil a diez mil días multa, así como suspensión para desempeñar profesión u oficio hasta por un periodo igual a la pena de prisión impuesta. La misma sanción se impondrá al propietario del inmueble donde se desarrolla la construcción, su representante legal o el constructor que, teniendo conocimiento, permita la edificación sin apego a la licencia, autorización, permiso, registro o la normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y ordenamiento territorial para el Distrito Federal, con relación a la altura, número de niveles y área libre permitidas, siempre que no lo denuncie a la autoridad.

Ciudad de México se encuentra en una zona sísmica, y tanto autoridades como los ciudadanos debemos estar preparados para responder a los eventos derivados de los terremotos. Los esfuerzos de la sociedad, autoridades y normatividad, aún tienen camino por recorrer para continuar con la prevención de desastres y así lograr el objetivo que todos merecemos: una tasa mínima o insignificante de decesos y de daños materiales causados por los temblores que seguramente podrán repetirse en el país.

Al lector interesado en el tema se le sugiere consultar el contenido del mes de octubre en www.impunidadcero.org o en las redes sociales de Impunidad Cero.

----------
*Especialista en Derecho Civil y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; asesor jurídico y litigante en materia inmobiliaria con más de 12 años de experiencia en el campo de la construcción. Articulista en la revista de Derecho Privado de la UNAM. Brigadista para asesoría jurídica tras el sismo de septiembre del 2017 en la Fundación Appleseed México AC.

OPINIONES MÁS VISTAS