Causa Legal

Patrimonialismo mexicano

Arturo Argente

La corrupción como fenómeno representa uno de los principales obstáculos para la consolidación política, económica y social de México. Las medidas que se han implementado a nivel federal no han servido para abatir los índices de incidencia ni de percepción del mismo.
Pero la pregunta es ¿por qué el funcionario justifica su ilegal proceder cuando ocupa un puesto público? Y ¿Por qué hasta se enorgullece y no se avergüenza de este ilícito? 


El patrimonialismo lo define el Ministro José Ramón Cossío como la condición del ejercicio del poder que le hace suponer a su detentador la propiedad de los bienes, servicios y personas asignadas a su cargo. Ello tiene que ver con regímenes monárquicos absolutos o despóticos. Por derecho divino o por mero acto de fuerza, el soberano o el autócrata imponían su voluntad a personas y cosas pues, se consideraba que le eran propias. Al limitarse las monarquías bajo el marco constitucional, se ha supuesto que la condición patrimonial del ejercicio del poder reside sólo en los déspotas, revestidos o no de visos democráticos. El patrimonialismo, explica Cossío, sigue siendo un concepto central para explicar algunos de los peores fenómenos de corrupción de nuestro tiempo. 


El Ministro Cossío considera que es muy común ver cómo el político o funcionario toma posesión de los bienes, los servicios o las personas que tiene encomendados. Los hacen suyos. Por esta razón puede disponer de ellos, apropiárselos o intercambiarlos a fin de recibir sus beneficios directos o sustitutos. Quien de modo grosero toma algo del patrimonio público, lo hace suponiendo que tiene algún derecho sobre él; quien aprovecha un bien público en beneficio propio, lo hace amparado en la misma creencia; quien recibe un porcentaje económico por ajustar una licitación, cree proceder bajo los mismos parámetros. Y es lógico considerar que toda esta adjudicación es producto del cargo mismo, explica Cossío. Esto comprende elementos instrumentales como los automóviles o la papelería, y elementos sustantivos como el presupuesto, las concesiones o las subastas. 

 
En la cultura del patrimonialismo, el político o el funcionario terminan considerando no sólo que es correcto hacer lo que hacen sino, más aún, que es necesario dicho proceder. 

 
La suposición de propiedad de lo público está tan presente en nuestro régimen democrático, como lo estuvo o lo está en los despóticos. Quien ocupa una posición por causa de las urnas, los concursos o las designaciones, meritorias o no, puede suponer que tiene tanto derecho a la apropiación o al beneficio, como lo tuvo un señor feudal en épocas de la edad media. 

 
Seguimos viendo al funcionario público que hace caravanas con sombrero ajeno y simula ante su familia que puede llevarlos de vacaciones a destinos de ensueño y disimular que son cubiertos con sus propios ingresos. De manera siniestra piden, y todo se les otorga. Ya no les causa vergüenza que su nombre salga en la prensa, redes sociales o en YouTube. No se contempla la renuncia, ni se pide licencia para ser investigado, ya que se cuenta con el refugio de la lacerante impunidad y el incondicional olvido del pueblo mexicano. 

 
Bien lo dice el Ministro José Ramón Cossío: el problema es básicamente cultural. Es así como se entiende el ejercicio del poder en México y qué mejor muestra que la realidad que desangra a nuestra nación todos los días.

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