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Concesión riesgosa de medios a las Iglesias

Bernardo Barranco

El debate sobre la concesión de medios a las Iglesias tiene diversas aristas que conviene analizar. Primero, es una solicitud de una organización evangélica llamada Cofraternice, conducida por el pastor Arturo Farela. Seguidor empedernido y amigo personal de AMLO.

El presidente simpatizó con la idea y en una de sus conferencias declaró que “no lo veo mal”. Instruyó a la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero para estudiar la viabilidad jurídica del cambio. Sin embargo, el camino se antoja escabroso. Hay que modificar el artículo 16 de la ley de asociaciones y culto público que a la letra dice: “las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier otro tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva”.

También debe modificar la ley de radio y televisión. Sus artículos 67 y 76 no reconocen la personalidad jurídica de las Iglesias como beneficiarias. Otorgar una concesión a Cofraternice es compartir frecuencias propiedad de la nación que va más allá de la voluntad del jefe del Ejecutivo.

Bajo el argumento de una necesaria moralización de la sociedad ante un creciente proceso de descomposición, marcada por la corrupción. Para confrontar la corrupción, violencia e impunidad presentes en la sociedad AMLO pretende recuperar el apoyo y compromiso de las Iglesias para afrontar este cáncer.

En la campaña política de 2018, el actual presidente insistió en el divorcio entre la ética y la política. Hizo énfasis en la creciente fractura entre la moral y el ejercicio del poder. Ahí apunta su constitución moral. Sin embargo, flota la inquietud: ¿Son las Iglesias conservadoras capaces de otorgar una moralización tanto a la clase política como a la sociedad? ¿Dónde quedan la pluralidad, la diversidad y la equidad garantizadas por el Estado laico?

Al otorgar concesiones de canales de televisión y radio pública a las Iglesias, el gobierno compromete los principios de laicidad. Sobre todo el principio de equidad. Las emisiones reflejarían valores conservadores que podrían ser anticlimáticos en una cultura mexicana cada vez más abierta. Además de utilizar bienes de la nación para favorecer las agendas de grupos religiosos con los que construyó alianzas electorales.

El debate no se constriñe solo en la concesión de los medios sino en la propia reforma educativa. Habrá que defender la laicidad del estado frete a amenazas regresivas.

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