M+ Toda la rabia del régimen por la indignante exhibición de la pandilla de Guadalupe Taddei, a quien Morena impuso en la titularidad del INE y a la que otorgó licencia para robar con poderes inauditos, sigue siendo descargada en la vaguedad del “pasado neoliberal”, pero con personal sevicia contra el predecesor inmediato de la bandida, Lorenzo Córdova Vianello.
La embestida comenzó hace ocho años y es la canallesca y cobarde venganza de Andrés Manuel López Obrador porque el Instituto, presidido por Córdova, resolvió el 18 de julio de 2018 sancionar a Morena por urdir un mecanismo para reciclar dinero con la fachada de un “fideicomiso” para dizque apoyar a damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017.
En sesión del Consejo General ––por diez votos contra uno–– lo aprobado fue multar a ese partido con algo más de 197 millones de pesos, porque había violado la ley al no reportar al INE la constitución del instrumento y haber recibido aportaciones prohibidas por la legislación.
Nadie del INE lo dijo, pero era obvio que se trataba de dinero público para la compra de votos.
Ciro Murayama ––otro de los exconsejeros más aborrecidos por el oficialismo––, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, argumentó que a los partidos no se les permite recibir dinero de instancias tales como dependencias de gobierno y empresas ni recibir y gastar recursos al margen de la ley.
A varios otros partidos que ofrecieron destinar parte de sus prerrogativas a los damnificados, el INE les comunicó que no era legal que ellos entregaran directamente los recursos y les indicó que el mecanismo idóneo era la devolución del financiamiento a la Tesorería de la Federación.
Las agrupaciones políticas, escribió, “no son parte de la beneficencia, buscan el poder político, por lo que llevar dinero o cualquier material a la gente se considera en la ley una dádiva” (lo que está expresamente prohibido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales).
Y es que se había detectado (por citar una de las “irregularidades”) que, de 58 aportantes identificados como fideicomitentes adherentes, 49 eran legisladores de Morena (84 por ciento).
De la operación (del 26 de septiembre de 2017 al 31 de mayo de 2018), ingresaron 78.8 millones de pesos, de los cuales 44.4 millones (56 por ciento) resultaron “atípicos depósitos en efectivo”, lo que estaba prohibido.
La multa precisa fue de 197 millones 46 mil 415 pesos, equivalente a dos veces y media lo considerado como dinero ilegal.
El Comité Técnico del fideicomiso asignó esos 44.4 millones a los fideicomitentes, que hicieron suyo un dinero de origen desconocido y dispusieron de él.
“Fue una acción concatenada, orquestada, coordinada. Lo que esta autoridad no puede conocer es quién está detrás de 44.4 millones de pesos en efectivo”, escribió también (y yo deduzco que era dinero público).
Cómo habrán presionado los nuevos ricos de poder que el 1 de septiembre el Tribunal Electoral perdonó a Morena: por atemorizada unanimidad, revocó la multa…