Sin rodeos

Las reformas al Poder Judicial

Diego Fernández de Cevallos

De la compleja y grave agenda nacional, uno de los temas relevantes durante la semana pasada fue la pretendida reforma constitucional planteada por el senador Ricardo Monreal (de Morena) para aumentar 5 ministros a la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hacer cambios en el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.

El rechazo de juristas, académicos, partidos políticos y organizaciones sociales, la atinada declaración de la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) considerando indeseable ese proyecto, así como el diálogo del presidente de la Corte (Arturo Zaldívar) con el referido senador, el consejero jurídico de la Presidencia (Julio Scherer) y el presidente del Consejo de la Judicatura Federal (Felipe Borrego), llevaron al Presidente de la República a manifestarse contra la iniciativa, lo que la da por cancelada… al menos por el momento.

Nunca sabremos a ciencia cierta si el senador se había ido por la libre o si lo tenía concertado con el que ordena y decide. Tampoco es cierto que el Ejecutivo esté dispuesto a respetar al Judicial. Hasta hoy lo ha tratado con amenazas y leperadas.

Lo incuestionable es que fueron justos los reclamos contra la iniciativa, fue eficaz la intervención del ministro Presidente, oportuno el pronunciamiento de la secretaria de Gobernación y acertada la decisión presidencial. ¡Enhorabuena! Lo contrario habría tenido consecuencias desastrosas.

¡Claro que son válidas muchas de las críticas del senador Monreal al Poder Judicial, pero de este deben surgir principalmente sus cambios y saneamiento, sin permitir intromisiones que impliquen atropello y sometimiento!

Será benéfica la presión que proceda de la sociedad, y serán útiles los acuerdos entre poderes para lograr los cambios que los tres requieren, pero de manera alguna serán tolerables el asedio o la sumisión entre ellos.

Sin embargo, existen otros dos ámbitos en esta materia de los que se habla poco y menos se hace.

1) El de la justicia local, considerablemente corrompida; 2) El de los abogados litigantes.

En este último rubro vale decir que el mejor aliado en la procuración e impartición de justicia es el abogado probo, y ninguna calamidad mayor enfrentan los juzgadores honestos que la gama infinita de trapacerías con las que obstaculizan o hacen imposible la aplicación de la ley los litigantes corruptos y corruptores.

Sin olvidar, tampoco, las extorsiones que proceden de funcionarios en agravio de los justiciables.

Pero hay otra felonía adicional: la difamación. Esto es, culpar de corrupto al juez para ocultar el litigante su propia incompetencia, o pedir dinero para el funcionario, aunque este ni enterado esté y nada reciba.

Urge hacer más limpios, fluidos y seguros los caminos de la justicia. Lo demás nos vendrá por añadidura.

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