Columna de Ernesto Rubio del Cueto

Mejora regulatoria para un buen gobierno

Ernesto Rubio del Cueto

En economía, política pública y administración gubernamental se reconoce que la regulación obedece a la necesidad de precisar el alcance de las leyes y facilitar su cumplimiento, tanto a los servidores públicos como a los particulares, en función de fortalecer la economía de mercado con la participación de los factores de la producción.

Objetivo de la nueva Ley de Mejora Regulatoria, promulgada el 18 de mayo para fortalecer el Buen Gobierno y la Competitividad: la regulación o representación es una responsabilidad compartida. Es eficiente si atiende cinco principios complementarios entre sí:

—Cumplir el mandato de proteger el interés público que corresponde al gobierno en sus tres poderes y ámbitos jurisdiccionales.

—Garantizar la libertad de acción de los emprendedores para, legal y legítimamente, producir y distribuir bienes y prestar servicios de distinta índole.

—Asegurar la defensa de los derechos sociales y económicos de la fuerza de trabajo, tarea de empresarios y sindicatos, con la intervención de las autoridades solo en calidad de mediadoras en caso de presentarse conflictos.

—Promover la permanente innovación para ser competitivos en la globalidad sin perder autodeterminación.

—Asegurar la sostenibilidad a largo plazo justamente al regular un desarrollo equilibrado, lo que representa un gran desafío tecnológico y de organización social en conjunción con los poderes públicos.

Es comprensible que el Estado procure subordinar el quehacer colectivo a reglas de autoridad para privilegiar un sistema de vida seguro y confiable en lo político, económico y social. En nuestro país estos principios se preservan en el artículo 25 constitucional, que asigna al Estado la planeación, conducción, coordinación y orientación de las actividades económicas, así como la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en un contexto de libertades.

La diversidad de requisitos, procedimientos, formatos, medios de inspección y verificación, genera confusión y desconfianza. Se trata de una selva jurídica y reglamentaria que inhibe la inversión, la creación de empleos, el crecimiento y la competitividad de México en el contexto internacional.

El exceso de requisitos y procedimientos que sufren los proveedores de bienes y prestadores de servicios, para venderle o contratar con el gobierno y para cobrarle en tiempo y forma, puede constatarse en instituciones como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la propia Secretaría de Economía.

Como señalaba el Sabio de Ribadesella, desde el siglo XIX, la sobrerregulación equivale a invitar a la corrupción. Asunto que es y ha sido preocupación para el sector empresarial y que esperamos que en el futuro fortalezca la libre competencia en bien de la población.

Elevar la mejora regulatoria a rango de ley general busca establecer una estrategia efectiva al estandarizar la obligatoriedad en todo el país en la búsqueda de cinco objetivos:

—Desarrollar una política nacional de mejora regulatoria.

—Propiciar la competitividad económica del país.

—Vincular la mejora regulatoria a la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, responsabilidad pública y eficiencia gubernamental.

—Emitir reglas claras para incentivar un mercado interno competitivo.

—Instrumentar un modelo integral de mejora regulatoria con políticas de simplificación y homologación de trámites en toda la República, de suerte que se facilite la creación y escalamiento de empresas.

Se espera que con este instrumento holístico sea posible dar coherencia a la normatividad, facilitar la coordinación interinstitucional e intergubernamental y con los sectores productivos y la ciudadanía, así como acotar las posibilidades de corrupción.

*Licenciado y doctor en Derecho por la UNAM con posgrado en Harvard y ex presidente de Concamin.

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