Juego de espejos

Un tribunal sin autoridad

Federico Berrueto

Malo para la justicia que el juez resuelva para complacer a la tribuna; peor, todavía, que la justicia se defina en función del poder. Esto es lo que sucede con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La exoneración del Movimiento de Reconstrucción Nacional por el mal uso y financiamiento irregular del fideicomiso que operó con motivo de los sismos tiene carácter definitivo. Quizá los razonamientos de quien impugnó la multa del INE tengan razón legal, la cuestión es que quien decide perdió autoridad desde hace tiempo. Muy mal que AMLO en su condición de candidato ganador hubiera salido a denostar al INE. Si esta resolución se hubiera presentado sin su presión, quizá habría tenido otra valoración. Es evidente que la mayoría de la Sala Superior resuelve en función del poder, antes el PRI, ahora Morena; antes Peña Nieto, ahora López Obrador.

En efecto, el tribunal perdió autoridad con dos fallos totalmente fuera de razón legal. Los dos revirtieron decisiones del INE, los dos favorecieron al poder. El primero, y a todas luces un nefasto precedente para la justicia y para la probidad electoral, fue no haber actuado en consecuencia al sentido del INE respecto a las elecciones de gobernador en el estado de Coahuila. El gobernador, Rubén Moreira, ahora flamante diputado electo y fugaz ex secretario general del CEN del PRI, con uso de la fuerza pública, se apoderó de casi una tercera parte de los paquetes electorales. Los resultados del PREP, por primera vez en la historia moderna, no llegaron ni a 80 por ciento en una elección sumamente cerrada. En vísperas de la elección presidencial y con todo el apoyo del PRI y del gobierno echaron su resto frente a la ilusoria posibilidad de triunfo en la elección del 1 de julio del año siguiente. Doblaron a la mayoría de la Sala Superior y con ello se revirtió la determinación del INE que habría llevado a la anulación de la elección.

Meses después habría de echar abajo la determinación del INE sobre el cumplimiento fraudulento del candidato Jaime Rodríguez de los adherentes a su candidatura presidencial. Nuevamente, el PRI y el gobierno actuaron para presionar bajo la fantasía de que habría un resultado cerrado y el candidato independiente habría de representar la diferencia para ganar la elección del 1 de julio. Al igual que el caso de la elección de Coahuila, el fallo solo se justifica por el sometimiento a la presión del poder.

Salvar cara es propio de la injusticia que simula justicia. La resolución un tanto inocua en la que condena la actuación de la PGR en la investigación de Ricardo Anaya así se entiende. En los temas de trascendencia se resuelve a favor del poder, en los de valor meramente simbólico la justicia recompone. El hecho es que el candidato Anaya fue objeto de una feroz campaña negra desde el poder, bajo la complacencia de las autoridades electorales y jurisdiccionales. Precedente que ahora a todos debe preocupar, porque el poder persiste, solo cambia quien lo ostenta.

La justicia electoral ha transitado por un largo recorrido. Su intervención ha sido crucial en muchos episodios de la historia de la democracia. Ha habido magistrados y decisiones que mucho honran a la judicatura. La justicia electoral es imprescindible, por lo mismo es muy grave cuando el órgano electoral no ajusta sus decisiones al estricto apego a la ley. Sin embargo, debe reconocerse, por el perfil del Consejo General del INE, que esta instancia, a pesar de la polémica de por medio, cumple mejor que cualquier otro con el cuidado y rigor legal en sus decisiones. Resolver contra los intereses del poder no es sencillo, tampoco contra un partido que ha ganado arrolladoramente la elección desde la oposición. Lamentable que las decisiones de este tribunal invariablemente se resuelvan, a diferencia de las del INE, en función de los factores de poder.

El problema de la injusticia es el de la legitimidad, que mina las bases de la civilidad. Violentar la ley, como hiciera el gobernador de Coahuila o el fraude generalizado al que recurriera Jaime Rodríguez para acreditar su candidatura presidencial merecían la sanción que perfiló el órgano electoral. Su reversión significa que quien gana prevalece sin el aval de la razón legal, aunque el tribunal electoral tenga la última palabra.

La embestida de Morena y su candidato presidencial contra el INE representa un preocupante precedente, especialmente, por su condición de fuerza mayoritaria y futuro presidente. Más preocupante todavía es que el país haya perdido una instancia confiable de justicia para resolver de manera convincente un diferendo importante. Tal como le sucedió en el pasado pero ahora en sentido inverso, Morena en el tribunal ganó, pero por el déficit de legitimidad del juez no convenció.

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