Doble mirada

Cerrazón

Guillermo Valdés Castellanos

Todo intento de debatir o de dialogar ha sido inútil. Pareciera que se está frente a un gobierno sordo y ciego, pues nadie escucha las críticas bien fundadas y nadie ve las consecuencias de sus decisiones cuestionadas y/o equivocadas. Lo único que vale es la determinación del presidente, aunque no tenga razones atendibles, se contradiga o mienta sin sonrojarse.

Se alertó sobre el impacto que tendría en las finanzas públicas —cientos de miles de millones de pesos a pagar a contratistas y tenedores de bonos— cancelar el aeropuerto de Texcoco. Decisión irracional y carísima, pero sostenida con un silencio escalofriante. El resultado será exactamente el contrario al declarado: unas finanzas públicas con mucho menos margen de maniobra para obras y programas que beneficien a la sociedad en vez de a los contratistas y tenedores de bonos.

Se repitieron hasta la saciedad muchas razones —nunca contestadas— por las cuales las “consultas” populares del aeropuerto y el Tren Maya eran una farsa excluyente para “legitimar” decisiones ya tomadas, y una ofensa a la democracia directa. No importa, se llevaron a cabo. ¡Todos los cuestionamientos sustentados sólidamente a la viabilidad financiera y ambiental del Tren Maya fueron respondidos con un ritual para pedirle permiso a la madre tierra! ¿En qué país del mundo el presidente gobierna y toma decisiones así?

Después vino la militarización permanente de la seguridad pública, vía una Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa, no obstante que el mismo López Obrador había reconocido en múltiples ocasiones que el Ejército no era la solución al problema de la violencia y que regresaría el Ejército a sus cuarteles. Negó haberlo dicho y la respuesta fue la circulación en redes sociales de los videos de sus discursos de campaña donde lo repetía una y otra vez. Resultado: la guardia va, pero con un cambio en el dictamen que no elimina el punto central del asunto: el control militar permanente de la seguridad pública.

Mientras que terminar con los privilegios de la alta burocracia es una medida que goza de consenso, se advirtió de las graves consecuencias que tendría hacer una reducción generalizada y pareja de salarios y prestaciones a los servidores públicos. No importa, primero está la austeridad a rajatabla. Resultados: una controversia constitucional, la suspensión temporal de la ley, un conflicto con el Poder Judicial y los órganos estatales autónomos, más de 14 mil amparos de funcionarios públicos, pérdida de capital humano de gran valor; inoperancia e ineficacia de programas y tareas básicas del gobierno federal y organismos públicos de todo tipo y múltiples muestras de resistencia y descontento por todos lados, desde diplomáticos, hasta militares y jueces, pasando por técnicos de todas las dependencias.

Hace unos días otra decisión de consecuencias gravísimas: cancelar la reforma educativa y quitarle la autonomía al INEE, alegando el carácter punitivo de la evaluación magisterial junto con la promesa de reinstalar a los maestros que fueron despedidos como consecuencia de no haber aprobado sus exámenes, cuando la evidencia demuestra que ni uno solo había sido despedido por tal motivo. Resultado: el sindicato magisterial al rescate de sus privilegios y millones de estudiantes condenados a educación sin calidad.

Cómo cuesta desear feliz 2019 con estos augurios y, sobre todo, por la cerrazón para dialogar.

OPINIONES MÁS VISTAS