Doble mirada

El empecinamiento en el país de las tragedias

Guillermo Valdés Castellanos

Minatitlán. Trece personas asesinadas por seis sociópatas —probablemente ellos también víctimas de la violencia— alguna razón fútil: ¿qué motivo puede valer la vida de trece miembros de una familia incluyendo un bebé? ¿Conflicto entre cárteles por la plaza, rencillas familiares o de barrio, venganza personal, locura cometida por jóvenes drogados? No lo sabremos, pero el resultado es el mismo: más luto y dolor, como si no sobraran ya. Esta es la última de miles de tragedias de una violencia que, como no acabamos de entender y explicar, menos hemos sido capaces de controlar.

Las violencias (no es una, son muchos los tipos de violencia ejercidos a toda hora en todas partes del país) no tienen una causa simple y solucionarlas —reconstruir las comunidades para vivir en paz y con solidaridad— requiere de muchas y diversas intervenciones por parte de las instituciones de Estado y de la sociedad. El problema es que esas instituciones estatales no tienen las capacidades suficientes para llevarlas a cabo.

Perdón por repetir mi cantaleta: no hay policías preventivas municipales que prevengan la inseguridad y eduquen a los ciudadanos en la convivencia apegada a la ley (respetar al vecino, no estacionarse en segunda fila…); tampoco tenemos policías estatales que sepan investigar y perseguir a la delincuencia; ni ministerios públicos con equipos de peritos y forenses que integren carpetas de investigación (¿con menos de mil médicos forenses en todo el país se van a analizar 40 mil cadáveres de desaparecidos para hacerles justicia a sus familiares?) apegadas al debido proceso para que los jueces no tengan que soltar a los presuntos responsables por falta de pruebas. El sistema judicial es poco confiable e insuficiente para hacer justicia en toda la extensión de la palabra. Y finalmente tampoco existe un sistema carcelario organizado en función de la rehabilitación y la reinserción social de los reos.

Mientras el país no construya esa cadena institucional de seguridad y justicia las intervenciones contra la inseguridad y las violencias (ya sean preventivas o reactivas, con o sin uso de la fuerza) serán insuficientes, poco confiables y de dudosa eficacia. Necesitamos Estado, así de simple. No obstante la obviedad, los políticos se empecinan en negarlo. A veces en el discurso, la más de las veces con sus acciones. El PRI vetó en 2010 —hace nueve años— una iniciativa del gobierno de Calderón para reconstruir las policías estatales y municipales; el gobierno de Peña Nieto ignoró por completo el asunto y pensó que todo era un problema de falta de coordinación entre niveles de gobierno.

López Obrador se empecina en politizar el problema (la culpa es del neoliberalismo y de sus gobiernos corruptos), en negar la necesidad de construir policías locales y rehacer los ministerios públicos (la Guardia Nacional militarizada en la única solución institucional que propone). Para colmo, se empecina en destruir el estado de derecho (“entre la ley y la justicia, hay que escoger la segunda”, acaba de afirmar). ¿No se estarían haciendo justicia por propia mano los asesinos de Minatitlán? La otra tragedia del país —junto con la violencia— es el empecinamiento de los políticos en no reconstruir al Estado. _

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