Doble mirada

¿El paradigma de seguridad será eficaz?/ I

Guillermo Valdés Castellanos

“Cambio de paradigma en seguridad” es el título dado por el Plan Nacional de Desarrollo (PND) a la propuesta del gobierno de AMLO para garantizar la paz y la seguridad. Congruente con el discurso presidencial, todo lo realizado por los gobiernos anteriores estuvo equivocado; nada se salva. La pregunta pertinente es, por tanto, si este nuevo paradigma realmente reducirá los índices de inseguridad.

La propuesta descarta por contraproducentes las políticas de los gobiernos neoliberales (“el uso de la fuerza militar y policial y el llamado populismo penal o endurecimiento de las penas”) para atacar las raíces del “descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad”. Así, la política de paz y seguridad contiene 11 puntos, de los cuales elimino uno, que no viene a cuento (repensar la seguridad nacional y reorientar las fuerzas armadas).

De los 10 restantes, tres constituyen a lo novedoso de la propuesta, pues desde la perspectiva del Presidente, son los que eliminarían las causas de la inseguridad: 1) erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; 2) garantizar empleo, salud, educación y bienestar y, 3) regeneración ética de las instituciones y la sociedad. Independientemente de que son tres objetivos loables en sí mismos, hay problemas sobre su probable eficacia en materia de seguridad.

La primera, tiene que ver con la relación causal entre esos fenómenos y la delincuencia. La corrupción descrita en el PND es la apropiación de los recursos públicos de los funcionarios, el influyentismo, el amiguismo, los abusos de trámites, etcétera. ¿Reducir esos fenómenos hará que disminuya la extorsión, el robo de vehículos, secuestros? Difícilmente. Lástima que no se mencione la corrupción de los cuerpos de seguridad y de justicia ni se propongan medidas en esas instituciones (perfeccionar el sistema de control de confianza; crear órganos de asuntos internos autónomos en las policías o el Ejército) porque ello sí podría contribuir a reducir la inseguridad vía la eficacia policial y una menor impunidad.

En el caso de la mejoría económica y social, no solo no puede haber una relación directa y mecánica entre mayores ingresos de la población y menor inseguridad, sino al contrario. La investigación más seria al respecto en 18 países de América Latina demuestra que en los últimos 25 años ha ocurrido simultáneamente una mejoría económica de las sociedades con un aumento de inseguridad y violencia. La relación entre ambos fenómenos se da por la intervención de un tercer factor: la incapacidad de las instituciones de seguridad y justicia de controlar los mercados criminales de la economía informal. El estudio de Marcelo Bergman se titula “More money, more crime”. En el nuevo paradigma no existen las debilidades institucionales en seguridad y justicia. No son relevantes. La omisión del PND en materia de procuración de justicia es preocupante.

Finalmente, ¿cómo saber que las instituciones y la sociedad ya se regeneraron éticamente? ¿Cómo lograr que los valores de civilidad, legalidad, solidaridad guíen de verdad la conducta de funcionarios y ciudadanos? ¿Cuándo ocurrirá eso: meses, años o un par de generaciones? ¿Podemos esperar a que esa utopía se vuelva realidad para reducir la actual crisis de violencia? Próxima semana, el resto de puntos.

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