Doble mirada

En defensa de la autonomía del INEE

Guillermo Valdés Castellanos

Hay una versión de que la “reforma” educativa aprobada por el Congreso[1] es una continuación y mejora de la reforma impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto. No coincido completamente. El elemento central de los cambios de 2013 era que la educación impartida por el Estado fuera de calidad. Se reconocía que faltaba muy poco para que la cobertura de la educación básica fuera universal, pero la asignatura pendiente era la calidad. ¿De qué servía que hubiera acceso a las aulas si a la salida de ellas los niños y jóvenes habían aprendido poco y mal?

Para que la calidad de los servicios no se quedara en una promesa más de la Constitución, como muchas otras partes de ella, en la reforma de hace seis años se ordenó la creación de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa —coordinado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, órgano con autonomía constitucional— que hiciera posible una mejora continua de todo el sistema educativo.

La lógica era la siguiente. Para que se pase de una educación deficiente a una de calidad se requieren procesos de mejora continua en todo el sistema: los planes y programas de estudio, las políticas y programas educativos; el funcionamiento de la SEP y las secretarías de educación estatales, la formación de los maestros, el funcionamiento de las escuelas, los métodos de enseñanza, etcétera.

Pero para saber cómo priorizar e instrumentar esos procesos de mejora permanente es indispensable evaluarlos. Si no hay evaluación, ¿cómo se va a saber que debe mejorarse? Por tanto, sin evaluación, la calidad es imposible. Tan sencillo como eso.

Por eso la relevancia del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y su autonomía jurídica, técnica y presupuestal, con respecto a la Secretaría de Educación Pública. Sus tareas fundamentales eran aportar esas evaluaciones que permitieran saber qué mejoras habría que impulsar en qué partes del sistema educativo. De esa manera, el INEE se debiera convertir en un centro de inteligencia del sistema educativo, pues la información y el conocimiento generado a través de sus evaluaciones sería la brújula del cambio hacia la calidad. Si revisan su página de internet descubrirán la cantidad de información y evaluaciones realizadas. Es impresionante. Los autores de la nueva reforma ignoraron esto, o peor, si lo sabían, son unos cínicos.

Además, había otro prejuicio contra el INEE: que era responsable de la evaluación punitiva. Falso. Ni la evaluación era punitiva, ni el Instituto evaluaba a los maestros; establecía los criterios y mecanismos de evaluación, pero ésta la realizaba el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) que es un organismo de la SEP.

Gran parte de lo ganado en ese sentido se puede ir a la basura. En el nuevo texto constitucional desaparecen el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el INEE, los cuales serán sustituidos por un Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, pero ya no como organismo público autónomo. La SEP no debe ser juez y parte de la operación y evaluación del sistema educativo.

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[1] Aunque la reforma fue aprobada en lo general, Morena no consiguió los votos para impedir que se discutan 23 párrafos en lo particular. Por tanto, su aprobación final quedó condicionada. Ojalá y en la discusión futura se reconsidere la permanencia del INEE y el sistema de evaluación.

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