Afinidades Selectivas

Por el bien de todos… que paguen los pobres

Héctor Zamarrón

El Estado mexicano está cometiendo una infamia legal. La Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria decidieron que en un país con 29 millones de mexicanos en la informalidad, es decir, que no pagan impuestos, los repartidores de comida son los primeros que tienen que convertirse en contribuyentes cautivos.

Con un acuerdo publicado en el Diario Oficial el 29 de abril, Hacienda lanzó un "programa de colaboración para la simplificación del cumplimiento tributario de plataformas de transporte urbano y entrega de alimentos" que, en los hechos, convierte a los repartidores de comida por aplicaciones digitales en causantes cautivos.

Todo mexicano debe contribuir con el gasto público, así lo ordena la Constitución, que también pide se haga de una forma proporcional y equitativa. La regla administrativa 3.11.12 no tiene nada de ello. Es desproporcionada e inequitativa hasta el infinito.

Emplearse como chofer y repartidor de Uber, Ubereats, Cabify, Bolt, Beat, Cornershop, Rappi y Sin Delantal es un tipo de trabajo precario, de los más precarios que existen hoy en día en nuestras ciudades. Es volverse chofer y repartidor sin prestación alguna y sin seguridad, como lo demostró el caso de Ximena, una joven repartidora de Rappi atropellada por el conductor de un camión de la empresa Modelo. Murió como vivió, sin seguridad alguna. A sus 20 años le arrebataron al menos otros 53 años, la expectativa de vida.

A sus compañeros repartidores de Ciudad de México que se han quejado por falta de seguridad en las calles, ahora les van a disminuir sus magros salarios.

El SAT les pide darse de alta como "personas físicas con actividades empresariales" y si no lo hacen así, no pueden cobrar.

Esos "empresarios" están en el nivel más bajo de ingresos del país pero a partir de la semana pasada son los primeros a los que se les retendrá el IVA y el ISR a cambio de nada. Seguirán trabajando sin prestación alguna, sin fondo de retiro, sin seguridad social, sin Infonavit, sin vacaciones ni aguinaldos.

Hacienda alega que su decisión no representa "carga fiscal nueva o adicional" y solo busca "seguridad jurídica a los participantes" que, por cierto, no participaron en las negociaciones. Ahora, les dicen, podrán tener acceso a seguridad social. Sí, siempre y cuando ellos mismos paguen sus cuotas como "empresarios" independientes.

En México no pagan impuestos los vendedores ambulantes, los tianguistas, los mecánicos y hasta decenas de miles de profesionistas que cobran sus servicios en efectivo y evitan facturar sus servicios, siempre que pueden. Los repartidores en bici si pagarán.

En cambio, las empresas más poderosas reciben condonaciones millonarias mientras que a estos jóvenes que empiezan en la vida por el camino más difícil, un acuerdo fiscal garantiza que su ingreso se verá aún más reducido.

Claro que hay que gravar la economía digital, pero hay que empezar por las empresas que hoy en día tributan en el extranjero o que de plano no tributan. ¿Por qué no empezar por ahí, por qué por los repartidores en bici?

Es una infamia legal. Por el bien de todos, que paguen primero los pobres.

hector.zamarron@milenio.com

@hzamarron

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