En la escena fiscal-corporativa

Los derechos humanos de las empresas

Miguel Ángel Santillana Solana

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en materia de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, sigue dando de qué hablar. Y es que, en nuestro país, son pocos los foros y los medios en los cuales se abordan y se relacionan los Derechos Humanos con las empresas, es decir, personas jurídicas/morales.

DEFINICIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Al revisar algunas definiciones relacionadas con los Derechos Humanos, se podría interpretar y afirmar que éstos son únicamente aplicables para las personas físicas, tal y como lo define en su página de Internet la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (ACNUDH).

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición.

Como se puede observar, de la definición anterior en ningún momento se hace referencia a las personas jurídicas/morales, lo cual de entrada hace pensar que los Derechos Humanos no serían aplicables a éstas.

Además, se incluyen calificativos como: nacionalidad, sexo, color, origen étnico, religión y lengua, lo que confirma, de acuerdo a esta definición, que los Derechos Humanos son únicamente aplicables a las personas físicas.

Ello, debido a que estas últimas cuentan con muchas de estas características desde el momento de su nacimiento; no así las personas jurídicas/morales, las que no tienen mayoría de los calificativos que se mencionan en la definición anterior, al tratarse de entidades conformadas por seres humanos.

Los Derechos Humanos y la CPEUM

En este orden de ideas, es importante mencionar e interpretar lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Federal.

Este numeral de la CPEUM reformado brinda los elementos de análisis necesarios y suficientes para manifestar, de acuerdo con una interpretación jurídica positiva y progresista, que las personas jurídicas/morales también son titulares de Derechos Humanos, dejando atrás la definición citada.

Así pues, en el primer párrafo del artículo 1 constitucional, se señala lo siguiente:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos.

Reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse, ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Aquí aparece el primer elemento para justificar la afirmación anterior. Se menciona en el artículo citado que “todas las personas gozaran de derechos humanos”, lo cual deja claro que se está contemplando también a las personas jurídicas/morales.

Esto es, en ningún momento se especifica que sean únicamente “personas físicas” ni se les asigna algún tipo de calificativo que pudiera dejar fuera a las personas jurídicas/morales, tal como aparece en la definición citada al inicio del presente.

Frente a este escenario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también se ha pronunciado respecto a esta interpretación, tal y como puede observarse en la siguiente Tesis Jurisprudencial. P./J. 1/2015 10ª.

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES.

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines. En consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la persona, que como imperativo establece el párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto.

De lo anterior se deduce que el criterio comentado es correcto, pues más allá de la interpretación hecha al artículo 1 de la CPEUM este razonamiento también lo respalda la jurisprudencia emitida por la SCJN, la cual no solo ratifica el criterio señalado, sino que también se acerca al principio Pro Personae.

Este principio fue incluido en la reforma constitucional anteriormente mencionada, y aunque muchos puristas de los Derechos Humanos manifiestan que no es aplicable a las personas jurídicas/morales, estas posturas son a todas luces incorrectas y estériles, pues si se considera que esos derechos son aplicables a las personas jurídicas/morales, entonces sería contradictorio manifestar que el principio Pro Personae no lo es.

La reforma constitucional aquí comentada sigue dando resultados, y en lo que respecta a los puntos que deja a la interpretación la misma, sin duda alguna los criterios de la SCJN han sido válidos y han reconocido que ésta contempla a las personas jurídicas/morales, que igualmente cuentan con Derechos Humanos, siempre y cuando éstos resulten necesarios para la consecución de sus fines.

Finalmente, el tema de los Derechos Humanos aún es poco explorado, quizá porque aporta muchos elementos de debate. Por tanto, ahora si alguien preguntara si los Derechos Humanos son aplicables a las empresas, algunos todavía responderán inmediatamente que no lo son; sin embargo, después de lo aquí analizado tendrán los argumentos necesarios para desvirtuar esa respuesta.
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Fuente: Revista Abogado Corporativo No. 54; Julio-Agosto, 2016 Pág. 40,41 y 4

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