En pocas palabras…

La seguridad, responsabilidad del gobierno

Miguel Ángel Vargas

El Ejército mexicano ha sido la institución de mayor credibilidad en las últimas décadas, y a pesar de no contar con un marco legal ha sido utilizada para realizar labores de vigilancia y combate a la delincuencia organizada.

Durante la administración del panista Felipe Calderón obligaron a los militares a pelear en las calles, lo cual arrojó miles de víctimas, muchas de ellas inocentes producto de los mal llamados daños colaterales.

En la campaña presidencial, el candidato Andrés Manuel López Obrador criticó con firmeza esa decisión, pero ya en el poder dejó atrás cualquier comentario negativo y buscó revalorar a las fuerzas armadas.

El aporte histórico del Ejército a la seguridad del país es innegable, por lo que pocos pueden poner en tela de duda la lealtad de los soldados, aunque su tarea propiamente no sea la de combatir a los delincuentes.

En los últimos días, la entidad revivió la polémica sobre la colaboración de los militares. Organismos de la sociedad civil regiomontana cuestionan, no la participación castrense, sino la incapacidad del estado y los municipios metropolitanos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Una de las voces que se ha manifestado en ese sentido es la del periodista Gilberto Marcos Handal, quien ahora encabeza Vertebra, al señalar que debe ser una estrategia provisional.

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo ayer al conmemorar el 104 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana que Nuevo León necesita de las fuerzas armadas y adelantó que los militares seguirán las calles para enfrentar la crisis de inseguridad que se vive.

En lo personal coincido con Gilberto, porque aun cuando exista el argumento jurídico para darle entrada al Ejército, las autoridades civiles debidamente constituidas tienen la obligación de tener la decisión para enfrentar a los criminales.

No solamente se trata de capacidad de fuego, sino atacar la corrupción en las corporaciones policiacas, e intervenir cuando sea necesario como en el caso del municipio de San Pedro, donde Fuerza Civil asumió temporalmente las labores de vigilancia.

Si el gobierno estatal y los municipios

renuncian a su responsabilidad de garantizar nuestra seguridad, luego entonces para qué elegir a políticos ineptos y sin compromiso.


miguelangel.vargas@milenio.com





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