En pocas palabras…

Verificación: la burra no era arisca...

Miguel Ángel Vargas

El tema de la verificación vehicular es un asunto ya superado desde hace algunos años en el centro del país. Los estados que conforman la llamada Megalópolis la aplican invariablemente cada seis meses o cada dos años, según el modelo de los vehículos.

Los gobiernos de la CdMx, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala se pusieron de acuerdo para aplicar una contingencia ambiental cuando las PM 10 o las PM 2.5, como sucedió la semana pasada, rebasen los límites permitidos.

Por esa razón, desde hace tiempo decretaron también la obligatoriedad de la verificación vehicular, debido a los altos índices de contaminación.

En los últimos años se han presentado algunas denuncias por la mala aplicación del programa por parte de las empresas contratadas para ello en Puebla, Ciudad de México, Hidalgo y el Estado de México.

Se han detectado posibles actos de corrupción y eso ha llevado incluso a cancelar las concesiones para reasignarlas a quienes realicen las pruebas apegadas a las normas marcadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la llamada CAMe.

Tal vez por ello, en Nuevo León es un tema que causa escozor y los diputados locales decidieron enviar esa iniciativa a la congeladora. Cualquier restricción o impuesto provoca ruido a los ciudadanos, más aun cuando existen dudas sobre el manejo de los recursos que se generan.

En el gobierno de Sócrates Rizzo había estaciones distribuidas en toda la zona metropolitana, pero por la falta de transparencia fueron cerradas. Desde entonces ningún otro gobernador se atrevió a revivir el programa.

Eran otras circunstancias, pues los niveles de contaminación estaban muy por debajo de los que ahora se registran en Monterrey. No había tantos vehículos circulando, ni tantos desechos de aguas negras y gases a la atmósfera.

No es justo que por la desconfianza de la gente ante la falta de honestidad de los políticos se manden guardar iniciativas que son de beneficio para la salud de las futuras generaciones.

Los nuevoleoneses tienen razón en rechazar la verificación, porque además del costo, desconoce el destino de ese dinero, aunque a corto plazo esas medidas sean necesarias. La burra no era arisca... pero la hicieron.


miguelangel.vargas@milenio.com


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