Casos y causas

Democratizar a la familia/la infancia

Olga Sánchez Cordero

En el mosaico de minorías que existen en el país, destaca, por su significación demográfica y su importancia social, una de las más segregadas y violentadas en nuestros días: las niñas, niños y adolescentes.

Quienes integran esta minoría, en buena medida, viven hoy en el desconocimiento de sus derechos. La indefensión a que les lleva esta ignorancia, propicia una violación constante y sistemática de los mismos.

En México hay 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes que representan 33% de la población, según los datos que me presentaron las organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con las que me reuní en días recientes.

Pero hay más datos —que son— verdaderamente escalofriantes, aquí algunos:

En 2016, se registraron mil 105 asesinatos de niñas, niños y adolescentes.

De las 37 mil 437 personas desaparecidas (según datos oficiales, porque la cifra negra es desconocida), 6 mil 614 son niños, niñas y adolescentes (17.7 %). De estos casos, 6 de cada 10 desapariciones corresponden a niñas y adolescentes mujeres.

Hay 12 mil cuentas en internet que exhiben imágenes de explotación sexual de niñas y niños de entre 4 y 16 años.

Cuatro de cada 10 delitos sexuales son cometidos contra personas menores de 15 años.

La escolaridad promedio en poblaciones indígenas es de primaria, en el resto del país, de secundaria.

23% de la población con discapacidad, entre 15 años y más, no cuentan con ningún nivel de escolaridad.

Nuestro país ha implementado políticas públicas para tener modelos más justos que permitan a la infancia garantizar sus derechos más elementales. Ha habido esfuerzos en los últimos 10 años para llegar a la consolidación de la política nacional para la niñez y la adolescencia, uno de ellos lo encontramos en el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Lamentablemente, estos esfuerzos no han tenido buenos resultados por las modificaciones administrativas que han obstaculizado y vuelto inoperante al sistema.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador siempre estará a favor de todo lo que sea para beneficio de la infancia; porque incluir a nuestros niños en el sistema de planeación de políticas públicas es una inversión a largo plazo, cuyos resultados son más que previsibles. Incluir a los niños y niñas en el sistema democrático es una condición para el desarrollo humano y político y una condicionante positiva para el futuro del país.

No podemos seguir concibiendo a la niña y al niño como objeto de protección —bajo un lenguaje de derecho patrimonial—, debemos concebirlos como sujetos de derecho, como titulares plenos de derechos y garantías, y ese es el objetivo que debemos alcanzar.

Para ello, debemos remover patrones culturales —tanto en lo jurídico como en lo social— que excluyan darles voz a nuestras niñas y niños, privándolos de la oportunidad de opinar y participar; conservar a nuestra infancia excluida, en lugar de integrarla, nos traerá, sin duda, una sociedad menos participativa, más dividida y menos integrada.

Y para remover esos patrones culturales debemos empezar a democratizar a la familia, rompiendo con los roles determinados por los estereotipos (porque cualquier tarea puede ser desarrollada por cualquier integrante de la familia); democratizar a nuestra familia nos llevará a reconocer que las niñas, niños y adolescentes no son propiedad de sus familias, sino titulares de derechos, con voz y voto; democratizar a la familia nos llevará a reconocer que todas las personas con discapacidad gozan —en todo lugar— de todos los derechos; democratizar a la familia permitirá que los adultos mayores sean cuidados y respetados, por todos.

Democratizando a la familia se irá generando que algunos deberes morales, se vuelvan auténticos deberes jurídicos; con ello, se irán generando condiciones que permitan, de una vez por todas, ir ganando muchas batallas, incluida la batalla contra la violencia. Porque la recomposición del tejido social debe comenzar en cada familia; debemos rescatar a nuestra infancia de las auténticas levas del crimen organizado.

Es el momento de trabajar para que los derechos de los niños dejen de ser una mera declaración escrita, y se conviertan, en una verdadera garantía efectiva.

Luchar por los derechos de la infancia, desde la familia, la escuela, la dependencia pública, el litigio o la judicatura, debe de ser la razón que nos mueva de aquí en adelante.

Con el esfuerzo de todos, lograremos un trato igualitario para las niñas, niños y adolescentes en todo el país, debemos invertir en nuevos mecanismos de protección a la infancia, en el mejoramiento de las instituciones encargadas de ello y en las personas que conforman esas instituciones.

No invertir en nuestra niñez es la más grave omisión en la que podemos incurrir.

Si buscamos mejorar las condiciones de la infancia, nuestra recompensa será grande. Y a todos nos conviene que así sea.

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