Antilogía

Economía, sociedad y política de una tragedia

Ricardo Monreal Ávila

 A las víctimas de Tlahuelilpan


Economía: hay una correlación directamente proporcional entre gasolinazos y crecimiento de las tomas clandestinas. No es gratuito que el disparo se haya presentado en 2017, el año del megagasolinazo, que provocó disturbios y saqueos por tres días de enero.

De acuerdo con el director de Pemex, Octavio Romero, en 2016, Hidalgo registró 344 tomas ilegales. Un año después, en 2017, se detectaron mil 64. En 2018, Hidalgo duplicó y lideró con 2 mil 121 tomas, seguido de Puebla con 2 mil 72; Guanajuato, con mil 919 y Jalisco con mil 550. En nueve estados se concentró 80 por ciento de las tomas clandestinas.

Por Tlahuelilpan corren cuatro sistemas de ductos en seis kilómetros de longitud, donde se han presentado la mitad de las tomas clandestinas con incendio reportadas en el estado de Hidalgo. No es producto del azar que en la entidad con mayor número de tomas clandestinas en el país y en uno de los municipios con más tomas clandestinas incendiadas se haya registrado la tragedia del pasado viernes.

La reforma energética es uno de los detonadores de esta tragedia. Se supone que este año la reforma estaría reportando 3 millones de barriles diarios, cientos de pozos produciendo crudo, miles de empleos en las zonas petroleras y un mercado de combustible barato. Generó exactamente lo contrario: un mercado negro de combustible, con 50 mil puntos de venta de huachicolmenudeo (cuatro veces más que las gasolineras de servicio), una caída en la producción de crudo con un millón 700 mil barriles por día, una de las gasolinas más caras del mundo y convirtió los ductos en queso gruyere a lo largo de los 17 mil kilómetros que conforman el sistema de distribución de petrolíferos y petroquímicos de Pemex.

Sociedad: el otro ingrediente de esta tragedia es altamente probable que se lo debamos al cierre migratorio que ha promovido el gobierno estadunidense en su frontera sur. Las comunidades huachicoleras con más tomas clandestinas son también comunidades expulsoras de mano de obra que han empezado a registrar el taponamiento o la interrupción del ciclo migratorio de sus poblaciones. Presionadas por la baja de remesas, la falta de trabajo en México y la expansión del mercado negro de gasolinas, estas comunidades han sido presas fáciles de las redes del huachicol. Durante dos horas la noticia en Tlahuelilpan fue “¡Están regalando gasolina, apúrense, traigan cubetas y tambos!”. Una arenga criminal.

Política: la presunta inacción de las fuerzas del orden no es tal. En todas la comunidades del huachicol hay antecedentes de retención y enfrentamiento con soldados por evitar tomas clandestinas. Una turba de 800 personas buscando gasolina “gratis” en un ducto, granos en un furgón accidentado o productos electrodomésticos en un tráiler volcado, no la detienen 50, 100 ni 200 policías, militares o marinos armados. Exigir el uso de la fuerza letal para detener a una multitud que busca en medio del caos un beneficio momentáneo, eso sí es militarizar la fuerza pública. Herir o matar para salvarle la vida a alguien no es Estado de derecho, es Estado de derecha. En todo caso, la presunta inacción de las fuerzas del orden siempre será menos grave que la acción punitiva de un genocidio.

ricardomonreala@yahoo.com.mx
@RicardoMonrealA

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