Abraham Pedraza, denunciante mentiroso del caso Wallace, es funcionario de la Corte

Política zoom

Ricardo Raphael

Ricardo Raphael
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Si el caso Florence Cassez fue histórico para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el caso Wallace está a punto de superarlo en importancia. El próximo miércoles 25 de mayo se discutirá en la Primera Sala del máximo tribunal la atracción de un amparo presentado por Juana Hilda González Lomelí, acusada hace 16 años de haber participado en el supuesto secuestro de Hugo Alberto León Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda Torres.

La ministra Margarita Ríos Fajart tomó la valiente decisión de atraer este voluminoso expediente, de más de 70 mil páginas, en cuyo interior se relata una de las mayores injusticias cometidas, no solamente contra las personas que actualmente están encarceladas, sino además contra una treintena de individuos –mujeres y hombres y niños– cuyas vidas sufrieron incontables arbitrariedades por una fabricación criminal.

El primer momento de esta perversa invención ocurrió el miércoles 13 de julio de 2005 a las 2:55 de la madrugada cuando el abogado Abraham Pedraza Rodríguez se presentó ante la agencia investigadora del Ministerio Público (MP), de la entonces delegación Benito Juárez de Ciudad de México, para denunciar que “su primo,” Hugo Alberto, había sido privado de la libertad.

En ese acto afirmó que los hechos no le constaban y que había acudido en representación de “su tía”, Isabel Miranda Torres, ya que ella se encontraba indispuesta por razones de salud.

Como indicio expuso el hallazgo de una camioneta Cherokee, propiedad de la hipotética víctima, en una calle de la colonia Insurgentes Mixcoac, la cual –según el relato– se encontró mal estacionada.

Llama primeramente la atención que Abraham Pedraza haya reclamado un secuestro ante el MP sin que ni él ni nadie, entre los familiares y conocidos de la supuesta víctima, hubiese antes contactado con Locatel, o bien, con el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes (Capea).

Según la misma denuncia habían transcurrido apenas 30 horas desde la última vez que la familia tuvo noticia de Hugo Alberto, pero, en vez de reportar la presunta desaparición ante las instancias obvias, Pedraza corrió al MP para afirmar que se trataba de un secuestro.

“Su tía” Isabel le habrá contado lo que luego ella declaró ante otra autoridad: que una persona había visto a Hugo Alberto ser conducido por la fuerza, desde su camioneta hacia un edificio ubicado en la calle de Perugino, y también que, a las cuatro de la madrugada, otro observador vio a su hijo abandonar ese inmueble mientras chorreaba sangre porque había sido herido con un arma de fuego.

Las investigaciones realizadas por la autoridad horas antes de que Pedraza presentara la denuncia ya habían desechado esa versión de los hechos porque no encontraron a los testigos detrás del decir de Isabel Miranda.

En efecto, el sujeto que presuntamente vio descender a Hugo Alberto de su camioneta jamás apareció, y el niño de 10 años que supuestamente observó a la víctima abandonar el edificio declaró que esa misma noche había dormido en otro domicilio y por tanto que era imposible que hubiese atestiguado lo que luego Isabel Miranda puso en su boca.

En resumen, a las 2:55 del 13 de julio de 2005 Abraham Pedraza no tenía ningún elemento que le permitiera presumir el secuestro de “su primo”.

Otra mentira incrustada en esa denuncia fue la afirmación de que la camioneta Cherokee estaba mal estacionada. Ocho horas antes de que Pedraza visitara la oficina del MP, Guadalupe Noria Martínez, agente de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal (PGJDF), inspeccionó tal vehículo sin reportar que estuviese mal situado, golpeado o abierto.

Más tarde acudieron al lugar los peritos Renato Ortega y Miguel Gutiérrez, también adscritos a la PGJDF. El segundo tomó fotografías del automóvil, las cuales corroboran que éste se encontraba en buen estado y correctamente aparcado.

Previamente, el chofer de Hugo Alberto, Luis Antonio Sánchez Rubio, quien junto con otras personas habría hallado el vehículo, declaró: “la camioneta… propiedad de mi patrón… se encontraba bien estacionada y sin ningún tipo de golpe o daño alguno”.

¿De dónde pudo haber sacado Pedraza que la Cherokee de “su primo” se encontraba mal acomodada? Siendo que acudió al MP en representación de “su tía,” cabe suponer que esa información también fue proporcionada por Isabel Miranda.

Hay que precisar aquí que Isabel Miranda no es su tía, sino su cuñada. Este error es curioso: Abraham Pedraza Rodríguez está casado con Magdalena Miranda Torres, hermana de Isabel; por tanto, la supuesta víctima no es su primo sino el sobrino de su esposa.

Asalta igualmente la credibilidad de la narración que, al mismo tiempo en que Pedraza estaba en el MP, Isabel Miranda se encontraba en casa de su hijo Hugo Alberto en compañía de otro de sus hermanos, Roberto Miranda. Según el relato que hizo más tarde la trabajadora del hogar, Isabel Neri Lujano, ambos visitaron la vivienda de la víctima en búsqueda de una serie de objetos personales. Nada dijo aquella testigo sobre el problema de salud que impidió a Isabel Miranda acudir a presentar la denuncia. ¿Por qué ella envió a su cuñado al MP en vez de acudir personalmente?

Un año transcurrió desde aquella noche en que Pedraza se volvió actor principal del caso Wallace. A mediados del 2006, Octavio Mejía, el juez que llevó la causa en contra de los supuestos secuestradores de Hugo Alberto, ordenó al primer denunciante del presunto delito que acudiera al juzgado para ratificar sus dichos.

Sorpresivamente, Pedraza se negó a hacerlo en tres ocasiones distintas. Como abogado sabía que estaba obstaculizando la acción de la justicia, pero se volvió avestruz.

Mejía continuó exhortándolo hasta que, finalmente, a regañadientes cumplió con su obligación. Más extraño es que él no haya sido el único denunciante en proceder así. José Enrique del Socorro Wallace Díaz, segundo esposo de Isabel Miranda –quien presentó una denuncia similar ante la Procuraduría General de la República (PGR)– siguió los pasos de Pedraza y se negó a comparecer ante el juez. Pero, a diferencia suya, Wallace Díaz jamás ratificó sus declaraciones en el juzgado.

Esta historia no acaba aquí. Abraham Pedraza Rodríguez es actualmente secretario de estudio y cuenta de la ministra Norma Lucía Piña, una de las cinco integrantes de la Primera Sala que va a decidir si el caso Wallace es atraído por la SCJN. No solo entonces, hoy también Isabel Miranda cuenta con tentáculos en todas partes. ¿Será que la ministra Piña desconoce estos hechos o que, conociéndolos, le es indiferente tener en su ponencia a un individuo así de deshonesto?

Ricardo Raphael

@ricardomraphael

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