Perdón, pero...

Autonomía política y religión

Roberto Blancarte

Celebro las declaraciones de Olga Sánchez Cordero, quien se ha atrevido a abogar en favor de las mujeres, en particular a través de la inclusión de todas aquellas que han sido criminalizadas por el delito de aborto, en la amnistía que el próximo gobierno ha anunciado. Si hasta el papa Francisco ha pedido que se extienda la compasión, mal haría el gobierno en seguir penalizando a las pobres mujeres (muchas con hijos que han tenido que dejar sin atención) víctimas de una guerra religiosa absurda que, al grito de “la defensa de la vida”, las tiene pudriéndose en la cárcel. Porque queda claro que el número de denuncias de aborto ha aumentado desde que la Iglesia católica (con el apoyo de algunas evangélicas) orquestó la reacción a la despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal, apoyándose mayoritariamente en diputados del PRI y del PAN, pero también de otros partidos como el PES. El que casi dos decenas de estados incluyeran en sus constituciones casi al unísono esa consigna hueca de sentido jurídico, no eliminó su existencia legal e ilegal, pero provocó que se endurecieran las medidas contra las mujeres que sufrieron un aborto, se redujeran las causales por su despenalización en muchos estados y aumentaran las tasas de denuncias por el delito mencionado. Según datos del GIRE (ver Luis A. Méndez en Capital), hay 3 mil 900 mujeres criminalizadas por ese delito, de las cuales 86 por ciento lo fue entre el periodo 2007-2017 y las tasas de denuncia prácticamente se duplicaron entre 2014 y 2015.

Sin embargo, para lograr esta amnistía, se requiere un consenso político, amenazado por la creciente injerencia de los grupos religiosos conservadores en la vida política del país y en particular por la posible influencia de los legisladores del PES (pero no solo ellos) en las dos cámaras del Congreso. Y aquí es donde veremos en la realidad hacia dónde se dirige el próximo gobierno. Porque la balanza se inclinará hacia uno u otro lado. O se imponen los grupos que quieren seguir criminalizando a las mujeres que abortan, o ganan los que quieren amnistiarlas. Ahí es donde podremos apreciar si el PES, pese a haber perdido (al parecer) su registro, es una fuerza política a considerar, si Morena es una formación política autónoma secular y si el gobierno es realmente juarista y favorece la consolidación de un Estado laico. Será, en todo caso, una prueba para ellos en materia de autonomía política.

 roberto.blancarte@milenio.com

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