Columna de Sara S. Pozos Bravo

Ultimátum al fiscal de California

Sara S. Pozos Bravo

La audiencia de ayer en California en donde el apóstol de Jesucristo, hermano Naasón Joaquín García se declaró inocente de todos los cargos en su contra, se ha convertido en un dramático revés para el fiscal de California, Xavier Becerra. Ante la imposibilidad de postergar nuevamente la audiencia para ganar tiempo y conseguir “pruebas” que sustenten sus acusaciones, el fiscal Becerra recibió un ultimátum de una juez de la Corte Superior de Los Ángeles para que presente pruebas que confirmen las acusaciones realizadas por el fiscal.

La pregunta inmediata que nos hacemos es: ¿existen realmente pruebas para sustentar las acusaciones? Si las existen, ¿por qué no las ha presentado? La respuesta es muy sencilla: porque no existen evidencias de nada y, al no haberlas presentado, nuestra hipótesis inicial se confirma en el sentido que las aspiraciones políticas del fiscal maquinaron el caso contra el apóstol Naasón.

El ultimátum de la jueza al fiscal de California también revelará cómo Becerra ha dilatado el proceso de justicia afectando sin razón los derechos de defensa del acusado. Al hacerlo, todos y cada uno de estos derechos (la presunción de inocencia, el debido proceso a un juicio justo, la reparación del daño, entre otros) se violan en perjuicio directo del hermano Naasón. Los tratados internacionales reconocen los derechos humanos de las personas. Por eso, una persona aunque detenida por mediar una orden judicial, tiene derecho a un debido proceso que garantice la presunción de inocencia y los llamados derechos de defensa. Las llamadas garantías procesales son fundamentales para garantizar la presunción de inocencia pero todo el proceso en el caso del apóstol de Jesucristo, hermano Naasón Joaquín García, ha violentado sus derechos. Entonces es conveniente preguntarnos: ¿no debería la fiscalía de California apegarse a buscar la justicia para las supuestas víctimas, respetando los derechos humanos del detenido? Al no hacerlo, el mismo fiscal está cavando su propio fracaso, uno que será tan monumental como el daño moral causado al apóstol de Jesucristo y su Iglesia.

Dentro de los derechos que el fiscal ha violado se encuentran los contenidos en los artículos 8; 11 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 12 es claro en garantizar que nadie puede ser objeto de ataques a su honra y reputación, debiendo de ser protegido por la ley de esos ataques. Y justo este –y otros más artículos- fue violado por el fiscal Becerra cuando optó por mediatizar el juicio y hacer declaraciones para incitar al odio contra el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García.

En este contexto, los más de mil casos de discriminación y odio contra integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo presentados en México ante diversas instancias, disminuyeron claramente la agresión y la incitación al odio por parte de miles de mexicanos y de algunos medios de comunicación. No deja, sin embargo, de persistir el mensaje en redes sociales azuzando al linchamiento moral. Ojalá pronto, algún legislador, tome cartas en el asunto porque nunca debe confundirse la incitación al odio con la libertad de expresión.

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