Entresijos del Derecho

¿Ciencia pública o ciencia privada?

Sergio López Ayllón

En México, la investigación científica es predominantemente pública. Además de las universidades autónomas, hay dos sistemas imprescindibles: los Institutos Nacionales de Salud y los Centros Públicos de Investigación. En ellos, investigadores altamente especializados generan investigación de frontera y contribuyen a solucionar problemas públicos. Quien lo dude puede ver, por ejemplo, el trabajo del Instituto Nacional de Nutrición (INN) o del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas (Cimat).

Ambos sistemas tienen un régimen jurídico propio —la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y la Ley de Ciencia y Tecnología, respectivamente— que se hacen cargo de la especificidad de su labor. Garantizan la libertad de investigación, los dotan de una gobernanza adecuada y les otorgan cierta autonomía.

Pero, al mismo tiempo, ambos sistemas están sujetos al régimen jurídico ordinario de la administración pública. Las leyes de adquisiciones, de presupuesto y responsabilidad hacendaria, de transparencia y de responsabilidades de los funcionarios públicos —entre muchas otras— les aplican por igual. Y también están sujetos a las múltiples y complejas normas administrativas que imponen la SFP y la SHCP. Así, paradójicamente, un inspector de la Profeco y un médico internista del INN reciben un trato similar.

Desafortunadamente, el trabajo de estas instituciones científicas y de salud está cada vez más subordinado a la lógica burocrática. Van algunos ejemplos: la compra de computadoras o equipo científico tiene que pasar autorizaciones previas, como si comprar un microscopio fuera lo mismo que adquirir una impresora; las estructuras administrativas están sometidas a los criterios y procedimientos burocráticos; los sueldos y, más importante, los estímulos están acotados por la ley de remuneraciones (no solo en su monto sino en sus fuentes). En suma, los investigadores enfrentan cada vez más dificultades para realizar sus actividades.

Los recortes presupuestales a rajatabla han complicado la operación de estas instituciones. En algunas, la situación es dramática. Y la consecuencia inevitable ya está ocurriendo: capital humano formado por el Estado mexicano está siendo transferido al sector privado, a universidades y a hospitales de otros países. Lo público está subsidiando a lo privado.

Las instituciones científicas deben rendir cuenta del uso de los recursos públicos que utilizan. Pero es innegable también que su desempeño debe ser facilitado. La generación del conocimiento es una fuente de crecimiento y bienestar y, por ello, una responsabilidad del Estado.

El nuevo gobierno ha prometido revalorizar lo público y promover la ciencia desde México. Hay que celebrar la propuesta. Por eso es urgente que se revise el estatus jurídico y operativo de los centros públicos de investigación y los hospitales nacionales. Después, será muy tarde.

SERGIO LÓPEZ AYLLÓN
y GUILLERMO CEJUDO
Investigadores del CIDE

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