Entresijos del Derecho

Constitucionalizar la Guardia Nacional

Sergio López Ayllón

Garantizar la seguridad de las personas es una de las funciones centrales del Estado. El gobierno del Presidente electo recibe en la materia una herencia terrible. Hay regiones del país dominadas por el crimen, la incidencia delictiva crece, la descomposición de las policías florece y la violencia ha dejado una estela de víctimas sin reparación. La seguridad pública es, sin duda, el problema nacional más grave y difícil de resolver.

El nuevo gobierno presentó ya su Plan Nacional de Paz y Seguridad. Sorprende la generalidad de la propuesta. En 20 páginas se expone escuetamente un conjunto de propuestas —muchas buenas ideas—, pero sin elementos que permitan entender cómo se articularán. El documento no detalla objetivos, responsables, tiempos, presupuestos, ni mecanismos de evaluación. Resulta, por ello, difícil valorarlo.

La mayor novedad es la redefinición de la Guardia Nacional (GN) —que ya existe en la Constitución— y que pasaría a ser una policía militarizada que se desplegaría en todo el territorio nacional para recuperar gradualmente su control. Pese a que comparto las dudas que genera esta decisión, es necesario reconocer que, desde hace tiempo, una parte de la seguridad pública está militarizada, al margen de la Constitución.

Al anuncio siguió la acción. Diputados de Morena presentaron una iniciativa que modifica 13 artículos constitucionales para crear el nuevo marco constitucional de la GN.

La propuesta tiene serios problemas técnicos en al menos tres dimensiones. Primero, la iniciativa limita la competencia de la GN a los delitos federales, cuando la mayor parte de la incidencia delictiva corresponde al orden local. Segundo, no genera una adecuada articulación entre la GN y el Ministerio Público, pues ésta solo puede intervenir como su auxiliar. Es decir, no tendría —como las policías— funciones de investigación. Tercero, aunque la exposición de motivos y los transitorios establecen que se trata de una medida transitoria, lo cierto es que la redacción hace de la GN un órgano permanente.

Existen soluciones técnicas que podrían resolver con facilidad y economía de palabras estas cuestiones. Por un lado, si se busca que la GN realice funciones de seguridad pública, entonces equiparémosla, en el artículo 21 de la Constitución, a las policías. También hay que establecer que, independientemente de su adscripción a la Sedena, la GN debe operar en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo que cuenta con una base constitucional y es una institución con mando civil. Por otro lado, un régimen transitorio bien estructurado puede solucionar el problema de la temporalidad de la medida.

Si se quiere que la Guardia Nacional dé los resultados que se esperan, conviene tomar en serio la reforma constitucional.

PD. Esta semana concluye el periodo del ministro Cossío en la SCJN. Sus quince años de labor han dejado una profunda huella en la jurisprudencia nacional, a veces abriendo brecha, otras, en la soledad que implica la congruencia. Ojalá el proceso de sucesión esté a la altura del legado de Cossío.
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* Director e investigador del CIDE

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