Entresijos del Derecho

El AMEC: una relectura jurídica

Sergio López Ayllón

El 1 de enero de 1994 entró en vigor el TLCAN; no por casualidad, el mismo día que inició la revuelta zapatista. El tiempo ha mostrado los aciertos del tratado, pero también sus limitaciones como herramienta para generar bienestar. Más allá de las implicaciones económicas y comerciales, su arquitectura institucional y muchas de sus obligaciones sustantivas modificaron profundamente el derecho mexicano.

La apertura comercial y la inserción del país en los flujos de inversión globales implicaron una modernización de las instituciones jurídicas nacionales. Entre otras acciones, México creó una autoridad de competencia económica; modernizó sus marcos normativos en materia aduanera, arancelaria y de propiedad intelectual; eliminó muchas regulaciones que constituían barreras no arancelarias; introdujo las primeras medidas en materia de transparencia; y abrió las puertas a los mecanismos de arbitraje internacional.

Veinticuatro años después, los tres países se aprestan a firmar un nuevo tratado. Este no surge solamente de las amenazas de Trump. Desde hace años, en toda la región se escuchaban voces que urgían a revisar y modernizar el TLCAN para hacer frente a los nuevos desafíos de la globalización y la revolución tecnológica. La negociación del Acuerdo Transpacífico (TPP), por ejemplo, fue un esfuerzo que buscó empujar la modernización del esquema regional norteamericano.

El cierre de las negociaciones del AMEC permite mantener el esquema trilateral, genera certidumbre en los mercados y moderniza el TLCAN. El acuerdo trilateral es muy complejo. Digamos, para simplificar, que avanza significativamente en la construcción institucional e incorpora nuevas disciplinas y obligaciones que no se contemplaron en el acuerdo original.

Sin embargo, el entorno en el que tales disposiciones deberán implementarse es muy distinto al que existía en 1994. No solo me refiero a las pulsiones proteccionistas que han dado origen a medidas que chocan con el sentido del libre comercio, tales como los aranceles impuestos por EU al acero mexicano y canadiense. Pienso, sobre todo, en que se deberá operar en medio de un proceso de cambio en las políticas públicas, cuya dirección y contenido concreto es aún incierto.

Por razones de espacio, concentro mi atención en dos novedosas dimensiones del acuerdo. La primera es el capítulo 27, que tiene como objetivo combatir las prácticas de corrupción que puedan afectar el intercambio comercial y la inversión. Este texto despliega un conjunto de obligaciones específicas para que los tres países sancionen la corrupción, capaciten a los funcionarios en puestos vulnerables, gestionen el conflicto de interés e incentiven a las empresas a adoptar programas de cumplimiento para combatir la corrupción. Es cierto que muchas de estas obligaciones ya están contempladas en las diferentes leyes que conforman el sistema nacional anticorrupción, pero también es cierto que hasta ahora su eficacia ha sido limitada. Resultará muy interesante observar si la mirada de los agentes económicos relacionados con el comercio y la inversión puede incidir en una mejor operación de este sistema.

Otro tema refiere a las buenas prácticas regulatorias que, entre otras medidas, buscan asegurar que la regulación esté basada en evidencia científica y técnica, así como en un análisis costo-beneficio. Además, establece la obligación de publicar un plan anual de regulaciones y de contar con un órgano central de coordinación regulatoria. Como en el caso anterior, la reciente expedición de la Ley General de Mejora Regulatoria nos pone en buena posición de arranque, pues muchas de las disciplinas ya están en operación y contamos con un órgano central, la Conamer. Pero, para ciertos propósitos, las buenas prácticas regulatorias se oponen al “sentido común” de los nuevos operadores políticos. Solo como ejemplo, pienso en la reciente Ley de Obras Públicas de Tabasco que permite asignar obras sin licitación alguna cuando se trate de “obras de desarrollo”. La Cofece ha anunciado que impugnará esta ley.

En términos generales, el AMEC es una buena noticia. Pero sin duda le esperan días complejos.

*Director e investigador del CIDE

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