Entresijos del Derecho

La 4T y el derecho (I/II)

Sergio López Ayllón

El Presidente de la República ha expedido varios memorandos. A través de ellos le ha ordenado a la administración pública realizar diversas acciones, desde no transferir recursos a organizaciones de la sociedad civil hasta la aplicación de medidas de austeridad. Esta inusual forma de dar instrucciones tiene al menos dos características problemáticas.

Por un lado, el Presidente no utiliza los diversos instrumentos que el derecho administrativo le otorga para conducir a la administración pública. Por otro, ignora la jerarquía normativa, así como los procedimientos y formalidades que otorgan legalidad a los actos administrativos, en particular el refrendo previsto en el artículo 92 de la Constitución.

Más importante aún, la estrategia revela una nueva relación entre el poder y el derecho, en la cual la voluntad presidencial puede prevalecer sobre la ley.

Para entender las implicaciones de lo anterior conviene recordar el contexto histórico que dio origen al principio de legalidad. Es imposible resumir en unas líneas más de dos siglos de historia del constitucionalismo moderno. Las simplificaciones serán inevitables.

El paradigma de las constituciones modernas se encuentra en el artículo 16 de Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aprobada por los revolucionarios franceses de 1789: “Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución”. El sentido profundo de esta construcción institucional es la contención del poder absoluto del monarca y el paso, según la célebre frase de Montesquieu, del “gobierno de los hombres” al “gobierno de las leyes”.

Con el tiempo este paradigma se enriqueció. A las libertades fundamentales se sumaron los derechos políticos y sociales. Se perfeccionó la idea de la función normativa de la constitución, que determina la creación, modificación y contenido de las normas de un sistema jurídico, y se crearon los mecanismos de defensa de la Constitución. En México, por ejemplo, el amparo, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.

El “principio de legalidad” sintetiza la esencia de toda esta arquitectura. A diferencia de lo que sucede en el ámbito privado, donde el ciudadano puede hacer todo aquello que no está prohibido, las autoridades operan bajo la regla opuesta: solo pueden hacer aquello que una ley expresamente les permite. Las autoridades, cuando actúan como tales, no tienen derechos: la ley solo les otorga facultades, obligaciones y responsabilidades.

Pero la legalidad es solo una cara de las promesas constitucionales. La otra tiene que ver con los derechos. Aquí la deuda es enorme. Para millones de personas éstos han sido ideales que contrastan con una cruda realidad. Sobre sus consecuencias volveremos en 15 días.

* Director e investigador del Cide

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