Entresijos del Derecho

Por una ciencia sin ideología

Sergio López Ayllón

El 8 de febrero la senadora Ana Lilia Rivera (Morena) presentó una iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología (bit.ly/2BCLPdZ). El proyecto tomó a todos por sorpresa y generó un profundo desasosiego en la comunidad científica. En una nuez, la iniciativa desaparece los foros de consulta, elimina la pluralidad en los órganos de decisión, concentra atribuciones en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y propone una visión de ciencia cargada de un fuerte contenido ideológico.

El sector de ciencia y tecnología reaccionó rápida y contundentemente. Se hicieron varios pronunciamientos que fueron escuchados. Tanto el Senado como el Conacyt ofrecieron abrir foros de consulta y ha prevalecido el ánimo de dialogar. Enhorabuena. Pero es indispensable entrar al debate de fondo sobre el futuro de la ciencia en México y su diseño institucional.

Desde hace ya varios años, existe una tendencia, cada vez más acentuada, de pretender resolver los problemas del país mediante la centralización. Hemos creado sistemas e instituciones nacionales, promulgado leyes generales, o simplemente se han devuelto facultades a la Federación que habían sido delegadas a los estados.

En cada ocasión, la centralización se presenta como la respuesta a los problemas de coordinación, corrupción, abuso o ineficacia de las autoridades locales. Algo hay de razón, pero la medicina no siempre es la correcta.

La centralización funciona cuando existe un mandato claro que debe ser desplegado homogéneamente por las organizaciones responsables en todo el territorio, cuando hay consenso sobre el contenido de las decisiones, y cuando se cuenta con sistemas de información robustos para conocer la operación de dichas decisiones. En el extremo, un ejército es el tipo ideal de organización centralizada.

Pero no todos los ámbitos del Estado pueden funcionar de esa manera. Hay áreas sobre las que se requiere diversidad en los modelos de operación y la toma de decisiones. Y hay muchos más donde es precisamente esa diversidad y la multiplicidad de actores autónomos la que permiten el funcionamiento adecuado de una responsabilidad estatal.

La ciencia es claramente el caso. Aunque financiada por el Estado, requiere instituciones altamente descentralizadas que operen bajo el principio de autonomía y libertad de investigación. Eso no quiere decir que espacios cerrados a la rendición de cuentas. Todo lo contrario. Lo que resulta inadmisible es que bajo un supuesto principio de “eficiencia” se quiera controlar el quehacer científico del país.

La ciencia no parte de una certeza, sino de la duda sistemática. Requiere, como condición, la pluralidad de ideas, el diálogo libre e irrestricto –incluso de ideas que incomoden o de hallazgos que contradigan– y el choque continuo de teorías e hipótesis. Ojalá que esto se entienda. _

SERGIO LÓPEZ AYLLÓN
y GUILLERMO CEJUDO
Profesores investigadores del CIDE

@slayllon

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