Entresijos del Derecho

Prisión preventiva: el falso dilema

Sergio López Ayllón

México tiene una cultura de la cárcel. En nuestro imaginario colectivo, construido sobre un sustrato autoritario, los códigos de la cultura nacional postulan que el único castigo suficiente para quien comete cualquier delito —sin importar su gravedad— es la prisión. Y mientras más tiempo, mejor. La cárcel se concibe como sinónimo de justicia.

La reforma del sistema penal de 2008, que modificó radicalmente las coordenadas para pasar de un modelo inquisitorio a uno acusatorio, fue un paso enorme no solo por sus implicaciones en el diseño institucional de la justicia penal, sino también en el proceso civilizatorio de nuestra sociedad.

La reforma no trataba solamente de establecer “juicios orales”, sino de recomponer completamente el modo en que el Estado ejerce el monopolio de la fuerza. La justificación reside en lo que uno de los mejores teóricos del Estado moderno ha dicho claramente: “… el poder del Estado es ambivalente. Un Estado que tiene el poder para proteger eficazmente a sus ciudadanos, lo tiene también para oprimirlos” (Zippelius p. 53 en bit.ly/2OZP4AB). De ahí que sea necesario disciplinar ese poder.

Entre otros elementos, el modelo acusatorio se cimienta en la presunción de inocencia: el acusado no es quien debe probarla, sino que es el aparato estatal el que tiene la carga de probar su culpabilidad. Otro principio fundamental es limitar la prisión para privilegiar la reparación del daño a las víctimas. Para lograrlo, el modelo tiene varias salidas alternativas a la cárcel (tales como los acuerdos reparatorios o el trabajo comunitario), que no por ello implican impunidad.

La reforma limitó la prisión preventiva obligatoria a un conjunto de crímenes considerados especialmente graves (entre otros, violación o secuestro). Para el resto de los delitos los jueces deben evaluar, caso por caso, si el acusado amerita ser privado de su libertad antes de probar su culpabilidad y dictar sentencia. La prisión preventiva debe ser una medida extraordinaria, reservada para los casos que la ameriten.

La semana pasada se presentaron tres iniciativas de reformas constitucionales presentadas por Morena, PAN y PES, que buscan ampliar el listado de delitos con prisión preventiva obligatoria. La primera, de Ricardo Monreal, busca incluir los delitos en materia de corrupción, hidrocarburos, electoral, portación de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército. ¡Un listado enorme de delitos! La del PAN incluye los de extorsión, robo a casa habitación y a negocio. Ninguna de las exposiciones de motivos presenta argumentos sólidos, evidencia empírica o un análisis mínimo de sus efectos. El supuesto implícito es que la prisión preventiva remediará la impunidad.

Esta idea es falsa a la luz de los datos. De acuerdo con Inegi, al cierre de 2016 35% de los reclusos están en prisión sin sentencia, es decir, son presuntos culpables (https://bit.ly/2rLzHS4). Este es un porcentaje muy alto. Por otro lado, el tercer informe del Poder Judicial de la Federación al Congreso de la Unión de diciembre 2007 (https://bit.ly/2QpJN5Y) muestra que los jueces federales otorgan prisión preventiva en más de 70% de las solicitudes para los casos de robo de hidrocarburos o portación de armas de fuego. Así, los datos existentes muestran que el cambio no es necesario y que la percepción de impunidad por falta de prisión preventiva no corresponde con la realidad.

La evidencia que tenemos muestra que la prisión preventiva oficiosa no sirve para combatir al delito. Genera, en cambio, múltiples efectos perversos. Ojalá los legisladores no caigan en la salida fácil —quizá popular— de revertir la reforma de 2008 y volver a un modelo punitivo que nada ayuda a resolver. La solución está en otra parte: profundizar en el esfuerzo de reingeniería institucional de las policías, las fiscalías, los tribunales y el sistema penitenciario en su conjunto. El asunto es más complejo, llevará tiempo y perseverancia. Pero es la única salida de fondo. Lo demás es mera retórica punitiva.

Director e investigador del CIDE

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