Entresijos del Derecho

¿Y el estado de derecho?

Sergio López Ayllón

El discurso sobre el “estado de derecho” suele ser más un diagnóstico de lo que carecemos que una propuesta de cómo construirlo. El deseo de tener un país “donde se cumplan las leyes” suele obviar una enorme complejidad normativa e institucional. Hoy, por desgracia, la aspiración de alcanzarlo se ha desgastado.

Prueba de ello es que, hace apenas unas semanas, se publicó la séptima edición del índice de Estado de derecho del World Justice Project (bit.ly/2JXYhas). Para hacer breve una historia larga, sólo señalo que entre los 113 países evaluados, México (con una calificación de 0.45 de un máximo de 1) ocupa el lugar 92, sólo por encima de 21 países. Entre los 30 países de América Latina, ocupamos el lugar 25, solo mejor que Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela. Y entre los países con el rango de ingresos medio-alto, México ocupa el lugar 34 de 36, solo antes que Turquía y Venezuela.

Los datos desagregados son preocupantes. A escala subnacional, el mejor estado fue Yucatán (0.45) y el más bajo Guerrero (0.29). Si consideramos los factores específicos, la peor calificación es en materia de justicia criminal (sólo mejor que El Salvador, Afganistán o Etiopía) y en justicia civil apenas estamos mejor. Ello confirma una tendencia que viene desde hace varios años.

Toda medición del estado de derecho es problemática y el índice referido no es la excepción. Pero vistos en conjunto, los resultados son para dar escalofrío. A pesar de ello, el índice fue escasamente retomado por los medios. Los políticos y las autoridades simplemente lo ignoraron.

El Presidente electo ha prometido un gobierno que combatirá la impunidad, la corrupción y la desigualdad. Solo podemos coincidir con ello. Pero para revertir la tendencia de deterioro es necesaria una inversión muy significativa en la formación de capital humano e institucional, así como perserverar en el diseño e implementación de un nuevo modelo de procuración e impartición de justicia. Un paso indispensable es la construcción de las nuevas fiscalías y un proceso de designación transparente y razonado. Lamentablemente, la discusión en el Congreso se ha estancado y la transición está en riesgo. Pronto se sumará la designación de dos ministros de la Suprema Corte.

Un estado de derecho significa, simplificando, reglas estables que permitan que el juego se desarrolle, jugadores que las conozcan y árbitros imparciales que las apliquen. Esto genera seguridad y un horizonte estable. En tiempos de cambio este equilibrio es muy complejo pero posible si las instituciones, los procedimientos y los contrapesos cumplen su función.

Hace apenas unos días, en una valiosa entrevista, Diego Valadés lo dijo con claridad: “Si realmente se quiere independencia del poder político frente al poder económico no es a partir de construir a un personaje que se enfrente a un sistema de poder económico, es construyendo todo un sistema institucional que le dé robustez a ese poder político”. Ojalá se escuche esta visión.
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 *Director e investigador del CIDE

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