En Plural

Pueblos huachicoleros

Sergio Villafuerte

La oleada delictiva de robo de hidrocarburos deja tras de sí un terrible tufo de corrupción. Pero también apesta a desdén y negligencia la política de cerrar los ojos y hacer como que nada pasa, que solo hay que combatir las consecuencias del problema en la medida posible, y así la situación no crecerá ni se desbordará. Es como un tumor purulento, discúlpeme la comparación, al que en casa se le da higiene de cuando en cuando sin acudir al médico para conocer las causas, poniendo toda la fe en que en algún momento desaparecerá milagrosamente.

Este delito, la clandestina extracción en ductos de combustible, va para su segunda década de existencia notable. Evidentemente fue detonada a raíz de los “gasolinazos” que volvieron al producto una mercancía altamente cotizada y por la cual las cuantiosas ganancias valían la pena el riesgo. 

Pero no se sabe hasta el momento de algún alto y significativo funcionario de Pemex al menos investigado por este tema. Tampoco, a pesar de contar a nivel federal con un área de inteligencia financiera, ha caído algún empresario importante de los que compran “chueco” para luego revender “legalmente” en sus estaciones de servicio.

Solo se da a conocer, hasta el momento, los patéticos casos de decenas de incautos “empleados” del crimen, de la más baja ralea, que diariamente llenan las páginas de los periódicos. Un montón de vehículos, desde autos desvencijados cargando garrafones, hasta pipas perfectamente rotuladas que los identifican como propiedad de empresas. Pero hasta ahí.

En el año reciente, en el Estado de México se reporta algo así como mil 150 litros de combustible robado diariamente, para hacer 380 mil 148.5 desde el 16 de septiembre de 2017 al 15 agosto de 2018. “Si la cantidad de hidrocarburo incautado total se vendiera en las gasolineras al precio en el que hoy se comercializa en la capital mexiquense, representaría una ganancia de 27 millones 286 mil 291.47 de pesos”, señala el recuento publicado en este diario. Y eso solo es lo incautado, sabiendo que como en cualquier delito existe una “cifra negra”, lo que no alcanzan a detener o no se denuncia, y suele alcanzar hasta 80 por ciento más.

Pero aquello de hacerle al Monje Loco, según la experiencia de otro lucrativo negocio, el del narcotráfico, solo deja como consecuencia que muy pronto se corrompa hasta el tejido social.

Los delincuentes, los de arriba, llegan incluso a formar sus bases de colaboración y apoyo entre la gente, pues de entrada les proporcionan lo que el gobierno no: empleo.

Numerosos municipios de la zona norte (partiendo desde la capital mexiquense), del Valle Teotihuacan y de la zona Nororiente del Estado de México, han sido ya tocados por este veneno del huachicol, y como también se destacó en estas páginas, los trabajadores jóvenes de esas poblaciones han sido arrasados produciendo escasez de mano de obra en el campo. Los jóvenes agricultores, ahora con complicadísimas posibilidades de ir por “el sueño americano” para paliar su pobreza, son presa fácil de los huachicoleros que les venden la idea de emplearse como “halcones”, extractores o transportadores del combustible robado.

El fenómeno está acabando con pueblos enteros, como Cuautlacingo, en Otumba, pero también muchos otros puntos de Axapusco, San Martín de las Pirámides, Teotihuacan, Acolman, Ecatepec y Tlalnepantla, Nextlalpan, Tezoyuca, Ixtlahuaca, Tepetlaoxtoc, Toluca, Acambay, Aculco, Chiautla, Almoloya de Juárez y Polotitlán.

¿Algún día, ante la gravedad de la situación, llegará una política social preventiva? ¿Becas de estudio, empleos, recuperación de espacios, apoyo al campo? O...¿no pasa nada?

sergio.villafuerte@milenio.com

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