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¿Debe la ciencia definir sus objetivos por una percepción política de los problemas prioritarios?

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Los resultados electorales del 1 de julio, sin duda, constituyen un parteaguas en la vida política del país, y prometen una profunda transformación en la administración pública en general; muy particularmente, de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI). Durante el tercer debate realizado entre los entonces candidatos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que no se estaba destinado lo necesario en este rubro (lo cual es cierto: la OECD recomienda invertir un 1 por ciento al menos del PIB en CTI; México sólo llega al 0.50 por ciento). Mencionó que en caso de ganar la contienda propondría a la Dra. María Elena Álvarez-Buylla, como directora del Conacyt, propuesta que ha generado posiciones encontradas entre la comunidad científica mexicana.

La Dra. Álvarez-Buylla es una reconocida científica, especialista en Biotecnología, quien recibió en 2017 el Premio Nacional de Ciencias en el campo de Ciencias Físico-Matemáticas por su aportación a la comprensión de la dispersión de los transgenes de las variedades nativas del maíz. Bióloga de formación (UNAM, 1982), con una maestría en Ecología Vegetal (UNAM, 1985) y un doctorado en Botánica por la Universidad de California en Berkeley (1992), es investigadora nacional nivel III e investigadora titular del Instituto de Ecología de la UNAM. Es además una activista social; como fundadora de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS); ha defendido la posición de prohibir el uso de cultivos transgénicos en el campo mexicano por sus posibles efectos ambientales, así como en la biodiversidad y la salud humana.

En el documento «Plan de Reestructuración Estratégica del Conacyt para adecuarse al proyecto alternativo de nación (2018-2024) presentado por Morena», la Dra. Álvarez-Buylla presentó varias ideas sobre cómo transformaría al Conacyt; algunas de estas propuestas son sin duda necesarias (incrementar recursos a la investigación y hacer los procesos de evaluación de proyectos más eficientes, claros y transparentes, descentralizar centros de investigación en estados no atendidos del país, disminuir la burocracia, por señalar algunas), otras pueden ser discutibles (revisar la provisión de recursos públicos a instituciones educativas privadas, la creación de comités de evaluación con derecho a veto sobre temas de investigación «polémicos» o no alineados a las políticas nacionales de impacto social, o señalar a la ciencia occidental como limitada o fallida respecto al conocimiento autóctono o ciencia campesina milenaria, entre otros). Es necesario que cualquier política nacional en materia de CTI recoja la opinión de la comunidad científica nacional: investigadores, estudiantes, becarios, divulgadores… de todos.

MIGUEL A. MÉNDEZ-ROJAS

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