El Pulso

El que hace la ley, hace la trampa

Víctor Martínez Lucio

A dos años de haberse aprobado en el Congreso de Nuevo León, la Ley de Participación Ciudadana es letra muerta.

El balance suena crudo, pero hay suficientes elementos para sustentarlo desde mayo de 2016 a la fecha.

Se dice que una ley es letra muerta cuando queda solo en el papel y no se refleja en acciones concretas en beneficio de la sociedad para la que fue creada.

Si hacemos un poco de memoria nos daremos cuenta lo lamentable de esta realidad. En 2004, un grupo de ciudadanos organizados presentó por primera vez la propuesta ante el Congreso local; por diversas razones (quizás ninguna válida) permaneció en un cajón por 12 años hasta que se le tomó en cuenta y la actual legislatura la convirtió en ley.

Pero de mayo de 2016 a la fecha, su destino ha sido de nuevo el olvido.

Parece que no iba en serio la intención de entregar esta herramienta al ciudadano, puesto que el Congreso no ha convocado a la segunda vuelta para votar reformas constitucionales que harán realidad figuras como la revocación de mandato.

¿Será porque, de aprobarla, ésta representaría un riesgo para los alcaldes, el gobernador o hasta los mismos diputados?, tal vez.

Los municipios tampoco mostraron voluntad, y hasta la fecha no tienen un reglamento de participación ciudadana, pese a que la ley lo exige.

Lo cierto es que por una u otra razón, la ley sigue desdeñada también por el ciudadano, que ni la conoce ni se interesa en conocer sus alcances que, aunque mínimos, están ahí gracias al esfuerzo de las organizaciones ciudadanas.

El 1 de julio, quienes acudimos a votar recibimos una boleta para ejercer nuestro derecho a decidir el destino de una consulta popular que costó 28 millones de pesos y cuya pregunta es de esas que ofenden. Porque nadie en su sano juicio diría que no, si le preguntan si es necesario instalar casetas de primeros auxilios en los parques.

La obra en sí tiene un costo de 9 millones de pesos, o sea que preguntar salió tres veces más caro que haberlas construido en los 10 parques estatales. Votaron a favor un millón 929 mil 049 ciudadanos, es decir, el 91.92 por ciento de las personas dijo sí.

Así se aplicó por primera vez un plebiscito, figura que puso en acción la Ley de Participación Ciudadana, pero con la inutilidad de una consulta estúpida y costosa desde su nacimiento.

Fuera de eso, en dos años solo se han utilizado sus herramientas en asuntos menores; juntas vecinales, testigos sociales, y cosas así. Aunado a ello, la recolección de firmas parece ser otro obstáculo, puesto que cuesta dinero y es laboriosa.

En resumen, a 26 meses tenemos una ley sin dientes por el poco interés de los diputados, o por sus propios intereses, aunque suene paradójico o contradictorio. Tenemos una ciudadanía que no conoce las herramientas y solo se ha activado con una consulta idiota.

Era demasiado bueno para ser verdad, no cabe duda; el que hace la ley, hace la trampa.

victor.martinez@multimedios.com

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