M+.- En días recientes, varios pensadores han sostenido que la única forma de rescatar al INE del escándalo de corrupción que lo envuelve es que Claudia Sheinbaum impulse un perfil ideológicamente neutral para presidir el instituto.
La propuesta no solo es materialmente imposible, sino que confunde el origen del problema y, por tanto, equivoca su solución.
La neutralidad ideológica no existe. Nunca ha existido.
Todos los consejeros electorales, de José Woldenberg a Guadalupe Taddei, han tenido una ideología y la ha utilizado para orientar sus decisiones. Pretender lo contrario, no solo supone ignorar la evidencia —como el hecho de que una tercera parte de los consejeros terminaron ocupando posiciones partidistas al terminar su mandato—, sino que coloca a Sheinbaum ante una exigencia imposible: la de encontrar a un ser humano sin creencias políticas.
El que alguien piense que alguna vez existió un Consejo Electoral neutral habla más de la ideología de quien sostiene esa idea que de un hecho real.
La confusión surge porque muchas ideologías, notablemente el liberalismo mexicano, han hecho de la supuesta neutralidad una de sus señas de identidad, presentando sus convicciones políticas como si fueran simples criterios técnicos. Esto es, por supuesto, falso.
Los consejeros electorales de ideología liberal —la creencia hegemónica del IFE original— no son imparciales. Por el contrario, suelen privilegiar el individualismo, concebir al pueblo como una entelequia, elevar el pluralismo a sinónimo de democracia y sostener, en el fondo, una visión clasista de la política. Una visión que descalifica las prácticas políticas de las clases populares con términos como clientelismo, acarreo o acordeón, mientras que celebra conductas equivalentes protagonizadas por la pequeña burguesía, recurriendo a conceptos como preferencias programáticas, participación ciudadana o información política.
Uno de los episodios que mejor exhibió la ideología liberal dentro del INE fue el debate sobre los acordeones de la elección judicial. En aquella discusión, el ala liberal del Consejo sostuvo que recibir información política mediante un folleto sometía, de manera incuestionable, la voluntad del elector. La ideología se hacía evidente porque quien sostenía tal premisa no podía explicar por qué, siguiendo esa misma lógica, cualquier material de información electoral dirigido a las clases medias o a los profesionistas no debería considerarse igualmente coercitivo.
Pero volvamos al escándalo de corrupción del INE. Incluso si aceptáramos que la neutralidad ideológica existiera, la corrupción no se resolvería con ella, sino con un sistema sólido de monitoreo y castigo. Es decir, cualquier consejero, independientemente de sus creencias políticas, es igualmente susceptible a la tentación de lo ilícito. Negarlo no solo contradice décadas de estudios sobre corrupción, sino la misma historia de México contemporáneo.
La corrupción dentro del INE no es consecuencia de las inclinaciones ideológicas de Guadalupe Taddei, ni de la supuesta homogeneidad ideológica del INE —que por lo demás, no existe—, sino de la debilidad de sus mecanismos internos de vigilancia y sanción.
Resolver el problema del INE exige corregir esas fallas institucionales, sin distraerse persiguiendo una imparcialidad imaginaria que, aun si existiera, no garantizaría la honestidad de nadie.