El procurador de Justicia de Veracruz, Luis Ángel Bravo, dijo que el ex policía municipal Clemente Noé Rodríguez Martínez y cinco personas más asesinaron al periodista Moisés Sánchez.
Según declaraciones de Rodríguez Martínez, el subdirector de la policía del municipio de Medellín de Bravo, Martín López Meneses, fue quien le pidió secuestrar y asesinar al periodista a petición del alcalde Omar Cruz Reyes.
La solicitud para "desaparecer" a Sánchez Cerezo obedecía a que supuestamente le "estorbaba" al alcalde panista de Medellín de Bravo por denunciar y publicar hechos delictivos e inseguridad en el municipio.
"En su declaración Noé Rodríguez Martínez reconoce que Moisés Sánchez Cerezo fue sustraído de su domicilio con la única intención de privarlo de la vida al haber hecho declaraciones, publicaciones y manifestaciones por diferentes medios de comunicación en los que denunciaba los hechos delictivos sucedidos en el municipio de Medellín", dijo el Procurador.
El 2 de enero, el periodista Moisés Sánchez Cerezo fue sustraído de su casa en el municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz, por un grupo armado. Cinco días después, 36 policías de ese municipio fueron trasladados a la Procuraduría de Veracruz para rendir declaración por la desaparición del comunicador.
Martín López Meneses, quien fue identificado por Noé Rodríguez como chofer y escolta personal del alcalde de Medellín, se encuentra arraigado y será sujeto a orden de aprehensión por homicidio doloso calificado.
"Noé Rodríguez hace además el señalamiento de que la muerte de Moisés Sánchez la realizaron por encargo directo del chofer del alcalde de Medellín a cambio de protección policial para que su banda pudiera realizar la venta de droga en ese municipio sin problema alguno", dijo el procurador.
La Procuraduría de Veracruz solicitará también al Congreso del estado iniciar el juicio de procedencia en contra del alcalde de Medellín de Bravo.
También solicitarán la orden de aprehensión contra los policías municipales arraigados, José Francisco García y Luigi Heriberto Bonilla Zavaleta.
Será el Congreso de Veracruz el que determinará si procede o no el desafuero del alcalde Omar Cruz Reyes, pues el mismo cuenta con fuero constitucional que les impide actuar en su contra por su posible autoría intelectual.
"Soy puntual al expresar que la PGJ no trabaja por consigna o por encargo, nuestro trabajo por mandato constitucional es en apego estricto de la ley", aseguró el fiscal estatal.