A unos días de que se cumplan cuatro años de la muerte de la niña Paulette Gebara, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró cualquier posibilidad a Lizeth Farah, madre de la menor, de cobrar alguna indemnización a las autoridades del Estado de México por los señalamientos que hizo en su contra.
La niña con discapacidad desapareció el 21 de marzo de 2010 de su vivienda en Interlomas, municipio de Huixquilucan, y fue encontrada sin vida 10 días después en su habitación, entre el pie de cama y su colchón. La causa del deceso fue por asfixia.
Debido a la polémica que generó el caso, la Procuraduría General de la República tuvo que intervenir, al igual que el FBI.
El entonces gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto (actual presidente de México) se comprometió a transparentar el caso.
Durante las primeras investigaciones que encabezó el procurador estatal, Alberto Bazbaz, la dependencia realizó manifestaciones que hacían parecer a la madre como presunta asesina de la niña. Dicho asunto provocó la renuncia del funcionario, quien fue sustituido por Alfredo Castillo Cervantes, actual comisionado en Michoacán.
Lizeth Farah decidió emprender una demanda por daño moral y por ende exigió una indemnización, demanda que no sólo era contra la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, sino también contra el ex gobernador de la entidad.
Sin embargo, un tribunal del Edomex rechazó la demanda civil contra la dependencia estatal, motivo por el cual Lizeth se amparó y el asunto llegó al ámbito federal, donde también se le negó un amparo, por lo que interpuso un recurso de revisión; el tribunal colegiado que tocó conocer del caso envió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El ministro José Ramón Cossío Díaz propuso a sus homólogos declarar infundado el recurso de reclamación, posición que fue aprobada por unanimidad.
Con la resolución se cerró cualquier posibilidad de que la madre de la niña pueda recibir alguna indemnización por parte del Gobierno del Estado de México.