La procuradora general de la República, Arely Gómez González, anunció un nuevo peritaje en el basurero municipal de Cocula, Guerrero, el cual estará a cargo de un "cuerpo colegiado de forenses del más alto prestigio", con el objetivo de determinar si en ese lugar fueron o no incinerados los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014.
La decisión se tomó tras conocer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual cuestionó "la verdad histórica" de los hechos, es decir, la investigación de la PGR que afirma que en ese lugar se quemaron los cuerpos de los estudiantes hasta convertirlos en cenizas.
El 13 de octubre de 2014, México solicitó la asistencia técnica de la CIDH, que se materializó con la conformación del GIEI, el cual ayer sugirió a la PGR replantear la investigación.
Tras conocer el informe del grupo de expertos sobre la investigación por la desaparición de los estudiantes, Arely Gómez declaró: "Respecto a la información relativa al peritaje sobre los hechos específicos de la incineración (de los normalistas) en el basurero de Cocula, he instruido se atienda la propuesta (del GIEI) contenida en el anexo 'Informe pericial, aspectos relacionados al fuego', referente a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel con peritos con una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema.
"Por tal motivo, se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio".
Al aceptar el documento que el GIEI integró sobre la desaparición de los estudiantes, la procuradora manifestó que lo analizarán para "integrar" algunos elementos a la investigación que se realiza de manera coordinada y sin "precedentes" entre la PGR y el grupo de expertos.
Adelantó que el Estado mexicano solicitará a la CIDH extienda el plazo para que el grupo de expertos continúe en el país y pueda concluir sus trabajos en torno a estos hechos.
También ordenó que la averiguación previa sobre este asunto sea llevada por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.
Asimismo, solicitó la acumulación de los procesos penales que se iniciaron contra los 131 probables responsables por la desaparición de los normalistas, para que sus casos sean resueltos por un solo juez federal y no, como ocurre hasta ahora, en diversos juzgados.
El informe del GIEI
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que apoya técnicamente la investigación del caso Ayotzinapa afirmó que, de acuerdo con investigaciones científicas, los 43 cuerpos de los jóvenes "no fueron incinerados en el basurero de Cocula" y recomendó al gobierno replantear la investigación.
Además solicitó a la PGR ahondar en una línea de investigación, ya que se presume que de Iguala, Guerrero, a Chicago, Estados Unidos, se traslada droga a bordo de autobuses, "lo que podría haber llevado a la respuesta violenta contra los normalistas".
Dio a conocer que el día que desaparecieron los estudiantes, otro grupo de jóvenes viajaba en un quinto autobús, quienes fueron llevados a una casa de seguridad, línea que no investigó la PGR.
Los expertos Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox aseguraron que su informe está soportado con documentos oficiales, expedientes judiciales, declaraciones, reportes oficiales del C4, tarjetas informativas y documentos desclasificados del Ejército.
Buitrago explicó que el 26 de septiembre de 2014, los normalistas iban a botear para viajar a México a la marcha del 2 de octubre. En un inicio, los estudiantes pensaron dirigirse a Chilpancingo, pero ante la presencia de patrullas federales, decidieron ir a Iguala, pero "no para ir a boicotear" algún mitin político y "sin armas".
La investigación de la PGR asegura que los jóvenes pretendían boicotear el informe de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, ambos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
De la actividad de los jóvenes, aseguró Buitrago, tenían información la Policía Federal, los militares y los policías locales, a través del C4 (comando de mando donde están todas las fuerzas policiales).
"Se confirmó que el batallón 27 tenía conocimiento de toda la información del boteo de los jóvenes desde la hora en que llegan a Iguala", añadió.
Los ataques a los normalistas, indicó el GIEI, incluyeron nueve escenarios y episodios de violencia diferentes, en los cuales murieron seis personas.
Entre las revelaciones se incluye la existencia de un quinto autobús, de la Línea Estrella Roja, que no se encontraba en la historia recogida en el expediente de la PGR, a pesar de haber sido declarado por 14 normalistas que sobrevivieron a los hechos.
En tanto, Francisco Cox comentó que se contrató al peruano José Torero, perito experto en fuego, quien acudió al basurero de Cocula el 12 de junio de este año.
El perito, en su informe, señaló que se requieren "condiciones necesarias para incinerar un cuerpo".
Cox detalló lo que dice el informe de Torero: "...el tiempo requerido para consumir un cuerpo en incineración, como los restos enviados a Innsbruck, requiere entre 90 y 120 minutos...
"...lo que el profesor Torero indica es que un solo cuerpo requiere 700 kilos de madera, 310 kilos de neumático y la duración de la incineración es 12 horas. En el caso de 43 cuerpos la carga de combustible de madera es de 30 mil 100 kilogramos de madera, de 13 mil 330 kilogramos de neumáticos y la duración de consumo sería (de) 60 horas".
La llama, apuntó, sería de siete metros y el humo de 300 metros. "y podría haber sido visto por los habitantes de Cocula".
Uno de los detenidos declaró a la PGR que "bajaron al basurero" para rociar más combustible a la pira.
El análisis del perito indica que para poder avivar el fuego, se tenía que usar un "traje especial. Nadie se podía acercar sin trajes especiales, sin quemarse", explicó Cox.
El GIEI desestimó esa declaración por ser "científicamente imposible", ya que "la persona que hubiese bajado al centro del calor se hubiese quemado en vida".
Con esa exposición de calor y con el viento, se hubiera generado en el basurero un incendio forestal.
Por estas razones, el GIEI considera que "los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Cocula", puntualizó Cox.
Al respecto, la procuradora Arely Gómez destacó que las conclusiones del GIEI confirman las líneas de investigación de la PGR en el sentido de que las policías municipales de Iguala y Cocula participaron en la comisión de estos delitos.
"El grupo de expertos también refiere que la delincuencia organizada infiltró la administración municipal del entonces alcalde José Luis Abarca y destacadamente a la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio", abundó.
Antecedentes
El 27 de enero del presente año, el entonces procurador Jesús Murillo Karam afirmó que la "verdad histórica" es que los 43 normalistas "fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados (en el basurero) y arrojados al río San Juan", en Cocula.
"Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente", declaró.
Sin embargo, el físico Jorge Antonio Montemayor, investigador del Instituto de Física de la UNAM, afirmó que es imposible que los 43 cuerpos fueran quemados de tal manera, pues se requerirían 33 toneladas de troncos de árboles de cuatro pulgadas de diámetro para hacerlo, a fin de que las llamas se acercaran a los 900 grados, o bien, que se usaran 995 llantas.
Incluso, en una entrevista concedida a La Jornada, junto con Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), ambos sostuvieron la hipótesis de que los restos de los estudiantes pudieron haber sido incinerados en crematorios del Ejército, así como en crematorios privados.