Dos presuntos integrantes de un grupo criminal que estaban presos en el Cereso de Hermosillo, Sonora, de donde salieron el domingo, fueron detenidos con una orden de aprehensión que tenían pendiente por la ejecución de un celador del penal del Topo Chico, al que asesinaron en febrero de 2011, presuntamente porque no hizo nada para evitar que sacaran y asesinaran a una interna apodada "La Pelirroja".
Marco Ernesto Becerra Rodríguez, de 42 años, y Manuel Alejandro Treviño Padilla, de 27, apodado 'La Güera', fueron trasladados de dicho estado al antiguo reclusorio de Monterrey, donde quedaron a disposición del juez segundo penal y de preparación, quien les inició un proceso por homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y agrupación delictuosa.
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Becerra Rodríguez y su cómplice son considerados probables responsables del homicidio de Francisco Martínez Ramírez, de 67 años de edad, a quien victimaron cuando se desempeñaba como comandante de guardia del viejo penal.
Según el expediente que les integran en el sistema tradicional, fue el 4 de febrero de dicho año, cuando supuestamente los acusados y otros sujetos privaron de la libertad al custodio, a quien sacaron de su domicilio ubicado en la colonia Infonavit La Huasteca, de Santa Catarina.
De ahí se lo llevaron a una casa de seguridad ubicada en la colonia Contry La Silla, de Guadalupe, donde lo torturaron y descuartizaron para luego ocultar su cuerpo en una caja de plástico, la cual dejaron en un vehículo robado que abandonaron en el estacionamiento de una farmacia, ubicada en el fraccionamiento Simón Bolívar, en Monterrey.
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Sin embargo, después de escuchar los hechos que enfrentan, ambos acusados, quienes radicaban en Reynosa, Tamaulipas, negaron ser responsables y aseguraron que el 6 de febrero del año 2011 fueron detenidos por militares, porque supuestamente portaban armas de fuego y tras ser investigados por la SEIDO los trasladaron al Cereso Federal de Sonora.
Los detenidos alegaron haber sido víctimas de tortura, mientras permanecieron detenidos en las instalaciones de la Séptima Zona Militar y luego se apegaron a los beneficios del artículo 20 por recomendación de sus defensores de oficio.