La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó tortura durante la etapa de la investigación del caso Ayotzinapa.
"Tras el examen de los expedientes judiciales, las fichas médicas que revelan numerosas lesiones y las entrevistas con autoridades, detenidos y testigos, la Oficina cuenta con fuertes elementos de convicción para concluir que al menos 34 de esas personas habrían sufrido torturas", expuso en su informe "Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa".
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El organismo detalló que en el expediente se identificó un patrón consistente de justificaciones no plausibles y contradictorias que intentan "explicar" las causas de las lesiones que presentaban las personas detenidas como "autogolpes", lesiones "anteriores a la detención", "estados de ebriedad" o "caídas", en lo que "parecen ser muestras de tortura".
Sobre la diligencia llevada a cabo el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan, indicó que ésta "fue conducida en violación al debido proceso y las garantías judiciales" y asegura que existe "ausencia de documentación en el expediente que sostenga legalmente las diligencias practicadas ese día".
Además del "inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el Río y la falsa declaración del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR afirmando que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan".
Entre los hallazgos principales, el texto destaca las violaciones de derechos humanos con base en el análisis de los casos de 34 personas procesadas (una mujer y 33 hombres), la ONU-DH da cuenta con "fuertes elementos de convicción de que dichas personas habrían sido sometidas a tortura, así como a otras violaciones de derechos humanos, entre septiembre de 2014 y enero de 2016.
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El expediente judicial, indica, "provee una amplia evidencia de estas presuntas violaciones de derechos humanos. En todos los casos analizados, los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura. Los hallazgos encontrados a partir del expediente corroboran las declaraciones de las 34 personas detenidas entrevistadas".
Las formas de tortura identificadas por la ONU-DH son consistentes con aquellas reportadas durante años por otros organismos internacionales en relación con México, tales "como golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura psicológica. En varios casos habría habido amenazas de violación sexual a las mujeres familiares de las personas detenidas".
En los 34 casos, la Oficina identificó lo que configuraría un patrón consistente de violaciones de derechos humanos y modus operandi prácticamente uniforme: detención arbitraria de personas sospechosas por autoridades federales; demoras significativas en la presentación formal de las personas detenidas ante agentes del Ministerio Público de la PGR, a menudo dejándolas así fuera de la protección de la ley.
Los actos de tortura ocurren fundamentalmente durante las primeras 48 horas después de la detención, con la intención de extraer información o una confesión; transferencia de la persona detenida a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, seguida de actos continuados de tortura con el objetivo de obtener una declaración posterior ante un agente del Ministerio Público.
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Algunas de las declaraciones auto-inculpatorias "habrían sido utilizadas como base para los cargos presentados contra las personas detenidas y para las acusaciones contra otras personas. Las autoridades involucradas en estos actos incluirían a personal de la PGR –principalmente de la Seido y de la Agencia de Investigación Criminal– así como a integrantes de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina.
"La Oficina encontró que todos los casos de violaciones de derechos humanos documentados ocurrieron después del 5 de octubre de 2014, esto es, luego de que la PGR atrajera la investigación de la Fiscalía de Guerrero".
Hasta el momento, indica la ONU-DH no ha recibido ninguna información sobre alegaciones de tortura durante la posterior detención de las personas acusadas en prisiones federales.
Durante la primera etapa de la investigación, casos de violaciones de derechos humanos continuaron ocurriendo incluso después de que quejas fundadas hubieran sido presentadas por las personas detenidas. De hecho, en al menos un caso, se cometieron violaciones de derechos humanos luego de que la Oficina y mecanismos de derechos humanos de la ONU transmitieran a las autoridades relevantes información sobre estas alegaciones.
Explica que el informe que busca contribuir a la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso y, más ampliamente, a la agenda nacional de lucha contra la impunidad, las desapariciones y la tortura en México.
Un objetivo primordial del informe es respaldar los actuales procesos transformativos de la procuración de justicia en México.
jbh