La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra una audiencia pública por el caso de once mujeres que acusan tortura sexual en los operativos policíacos del 3 y 4 mayo de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco.
En la sede de la CIDH, en San José, Costa Rica, sólo cinco de ellas rendirán su testimonio de manera oral en una sesión que se extenderá hoy y mañana.
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Por parte del Estado mexicano acude ante el máximo tribunal de derechos humanos de la región, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para asuntos multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Erasmo Lara, director general de Derechos Humanos y democracia de la cancillería.
En la exposición de motivos la comisionada representante de la Comisión Interamericana de Derechos Hkmanos (CIDH) Margaret May Macaulay, argumentó que por la severidad de la violencia infringida a las mujeres es un caso emblemático por la tortura y discriminación por razones de género. Añadió que el estado mexicano incumplió al menos tres tratados internacionales en el caso Atenco, además de existir fallas en la investigación de la cadena de mando en los operativos.
La primera declarante fue Norma Aidé Jiménez, quien relató que fue víctima de tortura sexual en los autobuses donde la trasladaban hacia el penal de Santiaguito.
"Exigimos justicia y que se esclarezca lo que ocurrió y que sea de conocimiento general. Fuimos señaladas y estigmatizadas. Nos llamaron mentirosas y todo este tiempo hemos defendido la verdad", expuso.
Este caso llega a la Corte después de que en 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la queja y en octubre de 2015 aprobó el Informe de Fondo 74/15, en el cual resolvió a favor de las peticionarias determinando que habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia.
La comisión exhortó al estado mexicano a realizar una investigación exhaustiva en la que identificara y sancionara los distintos grados de responsabilidad, así como instrumentar las modificaciones estructurales pertinentes para prevenir la repetición de hechos similares.
No obstante, en julio de este año la CIDH determinó que el estado no ha avanzado en las recomendaciones, por lo que remitió el caso a la Corte Interamericana, instancia internacional facultada para emitir sentencias vinculatorias.
Las demandantes son, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Mariana Selvas Gómez, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo y Patricia Torres Linares.