Desde este jueves 6 de agosto, mil 557 militares realizarán patrullajes, reconocimientos y mantendrán presencia en los municipios de Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora, en Michoacán, con la finalidad de reforzar la seguridad en las zonas productoras de aguacate.
Estos elementos se incorporan a las labores que desarrolla la 21/a. Zona Militar y, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, revisarán centros de empaque y vías de comunicación, además de brindar acompañamiento y vigilancia en los puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
Además, con estas acciones, según la Secretaría de la Defensa Nacional, se busca inhibir el delito de extorsión en contra de los productores de aguacate.
De acuerdo con la Defensa, el despliegue implica la participación de 657 elementos de la Guardia Nacional y 900 del Ejército Mexicano.
El envío de tropas se da luego de que el gobierno de Estados Unidos suspendiera de nuevo las actividades de los inspectores del Departamento de Agricultura en Michoacán, frenando las exportaciones de aguacate.
El cobro de piso al aguacate y limón, una fuente millonaria para el CJNG
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculada con el asesinato del alcalde Carlos Manzo obtenía ingresos superiores a los 18 mil millones de pesos anuales mediante el cobro de piso a productores de aguacate y limón.
De acuerdo con las indagatorias, Jorge Armando 'N', alias El Licenciado, presunto coautor intelectual del crimen, imponía cuotas de entre uno y seis pesos por kilogramo de aguacate, dependiendo de la temporada, lo que habría generado ganancias de hasta 10 mil 800 millones de pesos al año.
En el caso del limón, las autoridades estiman que, junto con Gerardo 'N', alias El Congo, la organización obtenía entre mil 713 y tres mil 426 millones de pesos anuales mediante extorsiones a productores. Estas cifras fueron consideradas por la fiscalía como una de las principales fuentes de financiamiento de la estructura criminal que operaba en la región.
AG