La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Rafael Márquez, el futbolista mexicano con más títulos internacionales de la historia, y nueve de sus empresas, en la lista de los prestanombres o testaferros del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández, detenido el 20 de julio en Zapopan.
También vinculó al cantante Julión Álvarez y a tres de sus empresas, así como a otras 19 personas y empresas, en su mayoría de Jalisco.
De la investigación estadunidense y de sus conclusiones estuvo enterada la Procuraduría General de la República y recibió la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
En el anuncio los funcionarios mostraron documentos públicos del registro de la propiedad en los que aparece el histórico capitán de la selección nacional como propietario de empresas que antes controlaba Flores Hernández o en las que son socios el presunto narcotraficante y sus hijos.
Una búsqueda en internet muestra varias fotografías y noticias de Márquez y Julión con Flores Hernández, sus familiares y socios.
La inclusión en la lista es un procedimiento civil no penal, e implica para el futbolista y el cantante la inmediata cancelación de su visa, el congelamiento de todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos y la prohibición para toda empresa estadunidense de hacer cualquier tipo de negocios o transacciones con ellos o con las firmas relacionadas con ellos.
Esto no implica persecución penal, pero tampoco la excluye. El expediente será transferido al Departamento de Justicia.
El gobierno de Estados Unidos aseguró que desde hace muchos años y hasta la fecha, Márquez y Julión han colaborado con Flores Hernández para lavar dinero de organizaciones delictivas.
El también conocido como El Tío, o Miguel Casas Linares tiene dos acusaciones penales en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero y era buscado en México, según la página de recompensas de la PGR, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, posesión de arma de fuego y cartuchos reservados para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Además de que se presume su participación en el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, y cuatro de sus acompañantes en 2010.
Descrito por el gobierno mexicano como “líder de una organización delictiva dedicada al lavado de activos y distribución de drogas”, Flores Hernández tiene una larga historia y se presume que ha trabajado a lo largo de muchos años como operador financiero y contacto con proveedores sudamericanos para organizaciones como los Beltrán Leyva, el cártel de Sinaloa y en tiempos recientes el cártel de Jalisco Nueva Generación.
En la lista publicada, producto de una investigación de más de cuatro años, se incluyen una decena de parientes y socios de Flores Hernández y más de 30 empresas de Jalisco con las que él y sus asociados tienen intereses, entre ellos el Grand Casino, un grupo gasolinero, restaurantes, bares, empresas constructoras y hasta un equipo de futbol.
NIEGAN RELACIÓN
En Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR catearon tres inmuebles que presuntamente eran propiedad de Flores Hernández.
Entre los establecimientos se encuentra el Grand Casino Zapopan de la avenida López Mateos, casi al cruce con Patria; el bar Lola Lolita en avenida Vallarta, casi con Enrique Díaz de León, y el restaurante Cortez de la avenida Américas y Pablo Neruda.
En el primero, el gerente en turno, Alonso Hernández, indicó que el operativo fue llevado a cabo con tranquilidad, sin resistencia alguna por parte de los empleados y que incluso no fue necesario desalojar a las cerca de 30 personas que se encontraban dentro del establecimiento.
Tras revisar el inmueble y luego de que los encargados mostraron los documentos de responsabilidad moral en los que se establece que el casino cambió de administración en marzo de 2015, los elementos de seguridad se retiraron transcurrida una hora y 20 minutos.
A través de un comunicado, la empresa señaló que “ni el señor Raúl Flores Hernández ni sus posibles asociados se encuentran relacionados ni participan en las operaciones o toma de decisiones del establecimiento, y que su nombre tampoco aparece registrado como cliente”, sin embargo, “ya se investiga en archivos históricos para conocer si anteriormente visitó el lugar en alguna ocasión”.
¿QUÉ ES LA LEY KINGPIN?
Esta ley, aprobada en 1999 por el Congreso estadunidense y firmada por el entonces presidente Bill Clinton, le otorga autoridad al gobierno para aplicar sanciones a los narcotraficantes extranjeros importantes, así como a sus organizaciones con operaciones en todo el mundo.
Fue diseñada con base en la aplicación de sanciones económicas realizada en 1995 contra el cártel colombiano de Cali.
Esta ley “establece la imposición de sanciones económicas en todo el mundo contra los principales narcotraficantes internacionales, sus organizaciones y las personas y entidades extranjeras que prestan apoyo a esos traficantes y a sus organizaciones”.
Las personas extranjeras son incluidas en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro después de consultar con el fiscal general, los directores de la CIA y del FBI, el titular de la DEA, así como con los secretarios de Defensa, Seguridad Interior y de Estado.
La inclusión en la lista implica la inmediata cancelación de la visa y el congelamiento de todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos.
Con información de Redacción/México.