Eugenio Hernández no debe ser extraditado: juez federal

El juzgador dijo a la Secretaría de Relaciones Exterior que México no está obligado a entregar al ex gobernador de Tamaulipas por la naturaleza de los cargos en su contra.

Rubén Mosso
Ciudad de México /

Un juez federal notificó a la Secretaría de Relaciones Exterior sobre su opinión jurídica en el sentido de que Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, no debe ser extraditado a Estados Unidos, sino juzgado en México.

Indicó que nuestro país no está obligado a entregar al ex mandatario estatal por la naturaleza de los cargos por los que es requerido. La opinión jurídica del juez no es vinculante, por ese motivo, la Cancillería tendrá la última palabra.

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El juez señaló que lo más acorde a las reglas y fines del Tratado de Extradición, es consignar el expediente a las autoridades mexicanas para el procesamiento de los hechos; todo con fundamento en su artículo 9, párrafos 1 y 2 de dicho tratado, al advertirse además que las autoridades nacionales tendrían jurisdicción para procesarlos.

Lo anterior fue dado a conocer por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas.

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Estados Unidos solicitó la extradición del ex gobernador por tres cargos: asociación delictuosa para cometer lavado de dinero; operar un negocio de envíos de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario. La Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas busca juzgar a Eugenio Hernández.

El juez añadió que los artículos 40, 42 y 43 de la Constitución Federal establecen que los estados conservan soberanía sobre las cuestiones de su régimen interno y se someten a la Federación en cuanto a lo externo.

“…por lo que debe considerarse que la relevancia de ciertos bienes jurídicos opera únicamente dentro de las fronteras de la soberanía nacional y, por el contrario, no sería adecuado a esa soberanía, reconocer que para una nación extranjera, también pudieran resultar penalmente relevantes las conductas de servidores públicos mexicanos contra bienes jurídicos como el manejo honesto y adecuado de los fondos públicos de la Federación o de las Entidades Federativas”, añadió.

nerc

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