Con dos sentencias a cuestas, de 37 y 40 años de cárcel, el capo Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes, pasó los últimos años de su vida luchando para enfrentar sus condenas en prisión domiciliaria, pero no lo consiguió.
En uno de sus procesos penales, el líder del cártel de Guadalajara fue encontrado responsable de los homicidios del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, crímenes cometidos en 1985.
En otro caso se le sentenció por delitos de acopio de armas de fuego, y por introducir de manera ilegal al país cocaína, y enviarla a Estados Unidos.
Todavía en mayo de 2025, el capo intentó llevar uno de los casos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde pretendía que se tumbara la condena de 37 años que le impuso el juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, por la muerte de Camarena y de Zavala. Su petición no tuvo eco.
Tres años antes, la Corte también rechazó estudiar un recurso de revisión, decisión que dejó firme la sentencia de 40 años.
A la par, promovió otros litigio para que no se le obligara a pagar 20 millones 810 mil pesos a las familias de Enrique Camarena y de Alfredo Zavala, por concepto de reparación del daño.
La sentencia por homicidio
En 2017, el juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, sentenció al capo por el delito de homicidio calificado, con premeditación y ventaja.
El fallo ordenó reparar el daño junto con los otros sentenciados del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, éste último que es el único en cumplir su condena y de abandonar la prisión.
En la década de los 80, Félix Gallardo era conocido como el capo de capos porque narcotraficantes como Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos; Héctor Luis El Güero Palma Salazar, Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Arellano Félix, entre otros, fueron sus empleados.
Tras su captura, los mencionados narcotraficantes se repartieron el país y después entraron en disputa, ésta última que la generaron los hermanos Arellano Félix, dando fin a la paz que existía entre todos ellos.
La posibilidad de salir
En septiembre de 2022, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en el Tercer Circuito, abrió la posibilidad para que Félix Gallardo pudiera emprender una batalla legal para conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria solo por la causa penal de narcotráfico.
Mientras que, en el caso, por el asesinato del agente de la DEA y del piloto mexicano, un juez programó una audiencia para resolver si le concedía un amparo que ordenara la prisión domiciliaria.
En el caso del Tribunal Colegiado, los magistrados federales coincidieron en que el secretario en funciones de juez de Distrito que recibió la petición de origen, no valoró la situación de vulnerabilidad de Félix Gallardo, quien se encontraba privado de su libertad en la Comisaría para Sentenciados del Estado de Jalisco, en el Complejo Penitenciario de Puente Grande.
En su queja, Félix Gallardo reclamó ser víctima de discriminación, porque padecía diversas discapacidades. Afirmó que las autoridades no tomaron en cuenta su delicado estado de salud y su edad, y que no fue informado a tiempo de las peticiones que le hizo el juzgado de amparo.
Tras el pronunciamiento del Tribunal, el secretario en funciones de juez admitió a trámite la demanda.
Sin embargo, al invocarse en la demanda dos causas penales, la sentencia de 40 años de prisión por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, y la condena de 37 años, el secretario determinó que ésta última fuera estudiada por otro juez de amparo.
AMLO se pronunció por su salida
En 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se opondría a la liberación o a conceder una amnistía a Félix Gallardo, siempre y cuando se cumplieran los requisitos legales correspondientes, destacando la edad avanzada del capo y porque ya había cumplido gran parte de su condena sin un nuevo expediente judicial abierto.
En septiembre de 2022, López Obrador se volvió a referir a él como una persona enferma que no podía seguir en prisión.
Todo se empieza a derrumbar por dispositivo
En mayo de 2024, todo se comenzó a venir abajo. Francisco René Ramírez Marcial, juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, dejó de estudiar un amparo, en la que el capo reclamó omisiones de diversas autoridades y tortura, principalmente por no haberse materializado el beneficio que se le concedió para que se le colocara un brazalete electrónico para enfrentar prisión domiciliaria.
Félix Gallardo también reclamó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) incurrió en omisión, porque no entregó evidencias o pruebas con que cuenta, a la Fiscalía General de la República (FGR), para que ésta última realizara la investigación correspondiente, al conocer de la existencia de un presunto delito de tortura psicológica desplegado en su perjuicio.
Al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes reprochó la omisión de realizar acción alguna para prevenir la tortura psicológica desplegada el 23 de septiembre de 2022, cuando se le concedió la prisión domiciliaria y se ordenó buscar a una empresa para colocarle el brazalete electrónico.
Cabe señalar que, dicha diligencia no continúo ante la petición de la Guardia Nacional (GN), porque señaló que debía estar en posibilidad de verificar que se realizarán las adecuaciones necesarias a efecto de reforzar la seguridad del dispositivo que iba a portar Félix Gallardo.
La autoridad argumentó ante el juez, que en cuatro ocasiones, imputados que habían utilizado un dispositivo similar, habían violado estos dispositivos, evadiéndose de la justicia.
Asimismo, porque necesitaba tiempo para implementar el operativo correspondiente para materializar el traslado del sentenciado y definir qué autoridad se encargaría de vigilar el domicilio donde permanecería confinado el sentenciado.
IR/ROA/RARR