La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no reunió los votos suficientes para echar abajo diversas normas de Morelos y de Durango que inciden de manera directa en los derechos de las personas con discapacidad, pese a que no fueron consultadas por las autoridades antes de su emisión.
Aunque el pleno retomó su discurso de que es una obligación consultar a las personas con discapacidad antes de aprobar las normas, la división de puntos de vista marcó el camino para que se terminaran desestimando las acciones de inconstitucionalidad, motivo por el cual estás leyes continuarán vigentes.
Proyecto tendrá 12 meses para ser perfeccionado
Se trata de la Ley para la Atención y Protección de las Personas con Condición de Espectro Autista del Estado de Morelos y la Ley de Educación del Estado de Durango.
En el único tema que hubo coincidencia fue en la discusión de la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las reformas a Ley de Voluntad Anticipada del estado de Chiapas.
El proyecto fue presentado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en el que propuso invalidar diversos preceptos de la norma, pero de manera diferida, es decir, en un plazo de 12 meses, para que estas sean perfeccionadas por los legisladores estatales.
Durante la sesión, una vez más el silencio de la ministra Lenia Batres Guadarrama fue evidente y nada más hizo uso de la voz para votar los proyectos.
Caso Chiapas: Ley de Voluntad Anticipada
En la Ley de Voluntad Anticipada del estado de Chiapas se regula la posibilidad de que una persona manifieste anticipadamente su voluntad de rechazar tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen innecesariamente su vida, mediante un documento otorgado ante o un notario o una institución de salud.
La ministra Yasmín dejó claro que para que sea válida una norma, la consulta debe ser pública, abierta, regular, con participación, accesible, informada, significativa y transparente.
La norma también establece previsiones para personas con discapacidad visual, auditiva o del habla.
Al respecto, la ministra María Estela Ríos González fue la única que votó en contra. Dio su punto de vista con relación a la situación que enfrentó su padre.
“Yo tuve un padre que Alzheimer y pensar que puede haber medidas para que él pudiera expresar su libre voluntad y entonces obligarlo a que hubiera decidido si deseaba que se le siguiera tratando o no, me parece que no es válido.
“Hay situaciones, esta es una situación en que se está decidiendo la vida…y en esos términos sí debe la gente, las personas deben estar en pleno uso de sus capacidades, de sus facultades mentales, porque de otra manera, pues también se puede prestar a que alguien diga: ‘Ah, sí te apoyo, fírmale aquí’, etcétera”.
Opinión de Hugo Aguilar
En el caso relacionado con Morelos, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, señaló que la norma representan un avance.
“No es la norma perfecta porque no tiene consulta, pero sí implica un avance y si consideramos que los propios derechos humanos en esta característica de progresividad, expulsar esta norma, este esfuerzo o este mandato que se está haciendo desde la ley, la verdad es que me preocupa, me preocupa bastante”.
En relación con el tema de Durango, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se pronunció en contra de invalidar.
“Creo que invalidar la norma implicaría que estas personas no estén acompañadas. Sé que sería lo ideal que hubiera, como insisto, es una obligación a consulta. En este caso, no se hizo la consulta, pero sí se invalida la norma entonces estas personas no van a tener ese acompañamiento”.
Este último tema llevó a la ministra Loretta Ortiz Ahfl volver a exhibir su implante coclear.
“Y otra vez estamos cometiendo el mismo error. Perdón, sustituyéndonos en la voluntad de los que deben de ser consultados.
“Por eso ayer decía, a mí en lo personal, no me pueden decir qué es lo que me beneficia o no me beneficia, el que se invalide este por falta de consulta una norma no significa que se va a quedar en el desamparo a las personas con problemas de discapacidad es nada más un compás de espera para que se haga la consulta y se les pregunte a los interesados”.
RM